Carece de lógica que, por un lado, los dirigentes del PSIB animen al partido a torpedear el proyecto de presupuestos generales del Estado, negándose siquiera a una negociación -ni diálogo siquiera- con el PP, y por el otro lamentarse de las consecuencias de carecer de cuentas públicas aprobadas para 2018. La prórroga de los presupuestos acarrea perjuicios inevitables, aunque hubieran podido eludirse de dar una oportunidad a la política. No deja de resultar hilarante que los adalides del «no es no» y de no querer ni hablar con el partido más votado en España sobre asuntos capitales, sermoneen continuamente con lo de que en Catalunya hay un problema político que debe ser resuelto con la política. Hay socialistas que recetan política a los demás, pero luego la niegan cuando les interesa, perjudicando a todos. Está claro que hace falta un nuevo sistema de financiación autónica que corrija la infrafinanciación de Balears, y que el Gobierno de Mariano Rajoy se comprometió a tenerlo listo en 2017, pero la crisis catalana lo ha impedido -y se echa en falta que se le reproche eso a Carles Puigdemont o a Oriol Junqueras-, como ha impedido también la negociación de los presupuestos, con la excusa de que no se puede tratar con un Ejecutivo que impulsó la aplicación del artículo 155 de la Constitución, como si hacerlo supusiera un delito de lesa humanidad o algo parecido. Ahora el Govern contará con 67 millones menos para este año y se verá obligado a recortar por algún lado, porque el descuadre de las cuentas puede ser de órdago. Pero les viene bien, porque así seguirán teniendo motivos para despotricar contra Rajoy, alimentando el victimismo del que a veces, como es el caso, ellos también son responsables, al menos en parte. Lo peor es que lo acabaremos pagando todos, como siempre.