En el último pleno de Santa Eulària se debatió una propuesta del grupo Guanyem para realizar una consulta popular acerca del próximo modelo de gestión del agua del municipio. Fue rechazada con el voto en contra del PP y la abstención del PSOE. Llama la atención que el argumentario del partido de gobierno señalara que no hay una Ley de Consultas y que no habían decidido aún si hacerla privada o semiprivada, mientras que en su alocución el alcalde sr. Marí afirmó que era inviable un sistema público. Es decir, el municipio de Santa Eulària será gestionado en materia de agua durante los próximos 20-25 años con la intervención de una empresa privada; y esto es así porque en nuestro país tenemos un sistema de democracia representativa, cuyos miembros elegimos todos en procesos electorales y en cuyas manos dejamos el manejo de las políticas que marcarán nuestro día a día. Esto, sin embargo, no quiere decir que aceptemos que dichos representantes posean el don de la infalibilidad; antes al contrario, debemos mostrar un seguimiento a sus actos y señalar o exigir modificaciones cuando la situación lo requiera. En este pleno se hizo un comentario en el sentido de que a la gente no le importa el agua. ADAR-Ibiza no está de acuerdo en absoluto y así lo hubiéramos afirmado de haber sido avisados como asociación de cuantas reuniones en el entorno municipal (en todos los ayuntamientos y el Consell) se hayan producido sobre agua y/o reciclaje, algo para lo que estamos habilitados desde hace meses con el correspondiente registro municipal y que, probablemente, no ha ocurrido aún por algún descuido desde las oficinas del consistorio. Pero volviendo al pleno, más bien parece que lo que importa es que no se conozca el fondo de la cuestión. De haberse aprobado la propuesta de Guanyem, e independientemente del resultado final, se hubiera tenido que iniciar un proceso de información detallada de las distintas opciones existentes, gestión privada, mixta y pública, con la inclusión de un análisis de situación actual, lo que hubiera permitido que todos los ciudadanos eligiéramos con datos en la mano. Y si bien es cierto que no existe una Ley de Consultas, no es menos cierto que el equipo de gobierno puede impulsar una acción de democracia participativa si considera que la decisión a tomar es lo suficientemente importante para ello. Se tendría que elevar la petición al Govern, quien a su vez, la transmitiría a Madrid. Para ello se hubiera necesitado voluntad de querer hacerlo, de implicar a los vecinos en la elección de una gestión fundamental para todos como es la del agua. Por cierto, esta situación es extensiva al resto de municipios de la isla. En dos de ellos, Vila y San Antonio, también se está en proceso de toma de decisión y los partidos políticos ni siquiera han planteado la posibilidad de someterlo a la voluntad vecinal.
¿Están los dirigentes de nuestra isla tan satisfechos con la gestión del agua en los últimos años como para no cuestionarse un posible cambio en el modelo? Si creen que las tasas de fugas, pérdidas de rendimiento, salinización, sobreexplotación, contaminación son mínimas o inherentes a la propia gestión del agua, o que sería peor con otro modelo, hágannoslo saber porque no parece ser la percepción general. Expliquen públicamente por qué vecinos de Porroig, Sant Josep, Es Cubells, Santa Gertrudis, Cala Lenya,… vienen recibiendo cartas en las últimas semanas en uno de cuyos párrafos se lee:
«Debido al exceso de concentraciones de cloruros y sodio existentes y según la normativa sanitaria, la calificación del agua es NO APTA PARA EL CONSUMO, por lo que no puede utilizarse ni para beber ni para preparar alimentos. Puede emplearse para otros usos que no supongan su ingesta».
Curiosamente, todas estas cartas las remite Aqualia, presente en todos los municipios y que parece ser la única empresa del sector con la solvencia necesaria para gestionar ¿correctamente? nuestra agua. Lo que no aparece por ningún lado en las cartas es el anuncio de un descuento o rebaja por pagar como agua de calidad algo que no es tal. Se les olvidó.
Son demasiados interrogantes en una época en la que cada vez es más evidente el desapego de la ciudadanía con la clase política. Si históricamente se ha rechazado la consulta popular aduciendo que la mayoría de personas no estaba debidamente informada de los entresijos de una decisión de calado, la respuesta obvia es corregir esto permitiendo que la información detallada nos llegue, máxime cuando se trata de un asunto que nos compete a todos. La ciudadanía siempre ha exigido que se le escuche pero puestos a alcanzar un verdadero nivel democrático, ¿no es preferible poder decidir?