La cárcel es dura, ¿quién podría dudarlo? No son hoteles lujosos con todas las comodidades, por más que algunos creen que debiera cobrarse la manutención a los internos e incluso hacerles pagar si quieren ver la tele, como sucede en los hospitales. Cada día de privación de libertad debe ser un auténtico calvario. Y no hay duda de que quienes allí están será por algo, aunque ahora incluso esto se cuestiona. Hay quienes ahora han descubierto la crudeza de la vida carcelaria porque tienen allí amigos que ellos consideran confinados por sus ideas políticas, como si no hubieran hecho nada. Y no ahorran críticas contra un sistema que ahora descubren represor y punitivo, alejado de su finalidad reinsertadora que establece la Constitución. Se rasgan las vestiduras porque los internos no tienen internet, ni teléfono móvil, ni pueden comunicarse con quienes quieran, ni recibir todas las visitas que se les antojen.
En Catalunya las cárceles están gestionadas por el Govern de la Generalitat, algo que no sucede ni en Euskadi. No lo están por el tan detestable Ministerio del Interior español. Y también en ellas los presos, preventivos o no, están aislados del exterior y tienen limitadas sus comunicaciones incluso con sus familiares y allegados. Eso es algo que produce mucha pena, pero no de ahora, de siempre. Claro que las familias de los presos son castigados colateralmente y naturalmente que esa es una injusticia flagrante. Pero no porque ahora unos políticos estén allí como presos preventivos por orden de un juez, sino porque siempre ha sido así. Las parejas e hijos de los miles de internos en los centros penitenciarios de todo el país han de hablar con sus seres queridos a través de un teléfono y separados por un cristal. Así es. Excepto cuando tienen bis a bis, que pueden estar en una sala y tocarse y abrazarse. Siempre fue así, también en Catalunya, en las cárceles que ellos gestionaban.
Ya he comentado muchas veces aquí, sin demasiado éxito, que las mujeres, además, están doblemente castigadas por el hecho de serlo, aunque a las organizaciones feministas nunca les he oído preocuparse por ello. No están separadas por el tipo de delito cometido, ni tienen derecho a módulos de respeto. Me alegra, no obstante, saber que el senador Francesc Antich se ha preocupado por esta situación. Al fin alguien hace algo, aunque dudo que algo cambie.