Durante décadas hemos podido observar como la cuestión lingüística ha ido pivotando del campo educativo-cultural al de la política. Hemos podido ver como se ha instrumentalizado lo que da identidad al individuo; han convertido la cultura y nuestras lenguas en herramientas de manipulación de masas. El PP y el PSOE no han sido más que cómplices, entregando en bandeja de plata el sistema educativo a los nacionalistas.
La lengua, además, se ha convertido en una herramienta sutil -pero efectiva- de discriminación: excluyen del sistema a todo aquel que no cumpla ciertos requisitos, coartando derechos fundamentales recogidas en la Constitución, y afianzando todavía más a los nacionalistas en nuestras instituciones.
Hace poco salía otra noticia más en este mismo periódico sobre la negativa del colegio público Can Raspalls de dar clases a un alumno utilizando como lengua vehicular su lengua materna, el castellano. Su excusa para aplicar la inmersión lingüística a todo y a todos, y para discriminar al alumno, es que cumplen con la norma autonómica. Y resulta que tienen razón, pero se olvidan de que el uso exclusivo del catalán como lengua vehicular ha sido considerado ilegal en numerosas ocasiones por el Tribunal Constitucional. Hablaba March, el conseller de educación, de que no se puede hacer una ‘educación a la carta'; pues bien, tampoco debería hacerse una educación a la carta para políticos, profesores o centros.
La Unesco recoge en un estudio sobre comunidades bilingües y educación, que la lengua materna debe ser la vehicular durante la primera etapa educativa. Al no respetar eso se ve comprometido el proceso de aprendizaje, y en muchos casos nos encontramos alumnos con dificultades añadidas y sin ningún respaldo por parte de los centros (ya sea porque no quieren, o porque no pueden).
Los nacionalistas utilizan el riguroso cumplimiento de la normativa autonómica para ocultar su falta total de ética y empatía hacia los castellanohablantes. De hecho, esas carencias pasan a un plano superior, un plano en el que reluce la corrupción moral de su discurso, un discurso con tintes xenófobos y supremacistas. Utilizan la ley de normalización lingüística del catalán para anormalizar el uso del castellano.
Pero la parasitación del pancatalanismo no para en el sistema educativo, la extensión de sus políticas abarca todas las instituciones y servicios públicos.
Deberíamos podernos sentir orgullosos de vivir en una comunidad bilingüe y de tener una riqueza cultural inmensa, pero no nos dejan. No solo no respetan nuestras variedades insulares y cultura propia, sino que nos quieren difuminar en un borrón catalanista con el simple objetivo de implantar un régimen de pensamiento único, igual que han hecho en Cataluña. Necesitamos un sistema educativo y una política lingüística que respete a todos los ciudadanos y vuelva a situar a nuestras lenguas y cultura común al lugar donde les corresponde estar.