El Ayuntamiento de Sant Josep ha dado a conocer esta semana un curioso dato sobre ruidos que llama mucho la atención y es que el año pasado las quejas por exceso de ruido en las viviendas de este municipio triplicaron a las de los locales. No sé por qué, cuando leí este enunciado, me acordé de aquella noticia de la que se habla entre bromas en el mundillo periodístico de que si un perro muerde a un hombre no es noticia, pero si ocurre lo contrario sí lo es, por lo inaudito. Pues bien, en este caso, los propios ciudadanos han pegado un buen mordisco al Ayuntamiento y a su repetitivo mantra sobre el ruido de los locales y los problemas de convivencia que generan, porque ahora resulta que en realidad la mayoría de los ciudadanos en verdad se quejan del griterío y del escándalo que proviene del propio vecindario.
Según explicaron responsables del Consistorio josepí, después de celebrar una Junta de Seguridad, en Sant Josep se contabilizaron en 2018 un total de 938 llamadas relacionadas con exceso de ruidos, de las cuales 671 fueron por ruidos en viviendas y otras 267 en locales. Así, algo más del 71 por ciento de las quejas recibidas no tenían como origen los locales de ocio, sino el jaleo y la bulla del interior de viviendas, algunas de ellas turísticas. El argumento reiterado hasta la saciedad sobre la contaminación acústica y las quejas ciudadanas contra los locales queda en entredicho con estos datos facilitados por el propio Ayuntamiento. Con el añadido, además, de que tampoco se bajó la guardia en la vigilancia de dichos locales ya que, según esos mismos datos, se realizaron 55 controles en locales, seis sonometrías y se tramitaron 56 denuncias por irregularidades en la instalación del limitador de sonido. Desgraciadamente, siempre hay locales que de forma obscena y dañina incumplen con sus excesos la normativa municipal, excepciones que, desde algunos grupos activistas, partidos y plataformas, elevan a la categoría de norma común y habitual del sector como argumento para reclamar y aprobar normativas más restrictivas, y que lo único que consiguen es perjudicar a quienes luchan por defender el buen nombre y la imagen de una actividad que genera miles de puestos de trabajo y riqueza a la isla.
Los responsables municipales atribuyen la disminución de las quejas por ruido en locales a los cambios normativos aplicados la temporada pasada que obligaron a los establecimientos a tener limitador de sonido. Dicen que llegaron al gobierno con unos compromisos que intentan cumplir caiga quien caiga para conseguir una convivencia que antes no había. Éste puede ser un argumento válido, pero la pregunta que surge a continuación es si, teniendo en cuenta que ahora hay el triple de quejas por ruidos y escándalos en viviendas que en locales ¿aprobarán una ordenanza de ruido específica para viviendas a fin de eliminar molestias? ¿pondrán limitadores en las viviendas que acumulen más denuncias? ¿realizarán controles sorpresas? ¿incrementarán la cuantía de las sanciones para los vecinos ruidosos infractores?