El grave problema de vivienda que sufren nuestras islas de Eivissa y Formentera viene motivado entre otras razones por la falta de control que se ha venido ejerciendo sobre las escasas promociones de VPO existentes en las mismas y por la falta de un stock de vivienda pública suficiente para hacerle frente.
Como de todos es conocido, en el municipio de Vila el IBAVI tiene pendiente de iniciar las obras de dos pequeñas promociones de una veintena de viviendas cada una. El inicio de esos dos proyectos ya ha sido aplazado en dos ocasiones, por lo que su puesta a disposición de aquellos que están buscando una vivienda a un precio asequible se va alargando en el tiempo.
Pero resulta que es en este mismo municipio, donde existe un proyecto que depende de la sociedad estatal SEPES, que podría suponer un importantísimo avance en cuanto al número de viviendas de titularidad pública disponibles, ya que supondrá la construcción de un total de 430.
Cabe recordar que durante años y con el PP gobernando en Madrid este fue un proyecto que permaneció dormido o congelado, pero que con este último gobierno socialista se había retomado el interés por el mismo. No hace mucho, el propio ministro de Fomento, el Sr. Avalos, anuncio una inyección económica para para la construcción de vivienda pública en varias ciudades españolas, entre ellas Eivissa.
Este importante proyecto debe construirse en la zona de Can Escandell, que esta pendiente de desarrollar urbanísticamente y en la que ademas está prevista la construcción de un gran parque urbano y así lo recoge la revisión del PGOU de Vila que sigue en tramite. Y es precisamente en uno de los pasos de esta tramitación en el que se esta poniendo en peligro la posibilidad del inicio de las obras de este proyecto, concretamente en el informe emitido por la Comisión Balear de Medio Ambiente y que establece una serie de prescripciones para su aprobación definitiva. Una de esas prescripciones, prohibe nuevos crecimientos, por la falta según la misma, de recursos hídricos suficientes.
Este cumulo de circunstancias, me lleva a hacerme varias reflexiones. ¿Es justo que en un municipio con un PGOU que data de 1987, que establece un techo de población de 117.000 habitantes y que actualmente esta en tramite de revisión, proponiendo en la misma reducirlo a 77.000, deba tener problemas por vía de una prescripción de la Comisión Balear de Medio Ambiente, para atajar el grave problema de la vivienda?
¿Es lógico que un ayuntamiento que propone la reducción en 40.000 plazas de un techo de población recogido en un planeamiento de hace 32 años, deba hacer frente a tantos obstáculos para poder aplicar este importante recorte?
¿No cabría una mayor implicación del Govern en este tema, ya que a èl pertenecen tanto la Comisión Balear de Medio Ambiente, como las competencias en materia de vivienda y por tanto la responsabilidad de facilitar la resolución de la problemática habitacional de las Pitiusas?
El problema es grave y existe y poder aportar 430 viviendas de VPO a mitigarlo, supondría un avance importante.