Me he encontrado con padres, verdaderos guerreros y guerreras, que pelean con los centros educativos y las administraciones para que se respeten los derechos de sus hijas e hijos. Se cree que con el solo hecho de escolarizar a una persona con discapacidad en un centro ordinario ya estamos siendo inclusivos, pero la verdadera inclusión implica que el alumnado reciba la misma educación y las mismas oportunidades. En la actualidad no se contempla la metodología a aplicar en un aprendizaje adaptado, en los libros de texto, las actividades, los horarios, la realidad es que no se emplea una educación aplicada a todo el alumnado.
Las administraciones deben afrontar que se están vulnerando derechos a la hora de incluir a las personas con discapacidad, se está trasmitiendo de forma pasiva el aprendizaje de la exclusión creando una sociedad que discrimina a las personas con diversidad funcional y, en este sentido, tenemos que decir que tenemos una sociedad desinformada y estancada en un modelo que no se ajusta a la realidad del mundo en que vivimos.
Los colegios públicos carecen de recursos, personal cualificado, técnicos de apoyo, actividades de patio y programas, por mencionar algunas de las carencias con las que conviven muchos niños y niñas. Y de esta manera y de forma pasiva y casi invisible se está formando una sociedad excluyente. La obligación del Estado es la de seguir formando a los alumnos más allá del período obligatorio y dar las mismas oportunidades.
Nos encontramos en una situación donde los padres que apoyan los centros ordinarios mantienen eternas discusiones con aquellos progenitores que prefieren los centros específicos de educación segregada, porque así les aconseja el especialista de turno o porque se convencen que es lo mejor, a sabiendas de que en los centros convencionales no van a tener espacio para que sus hijos e hijas desarrollen un aprendizaje adaptado. Y mientras se ponen de acuerdo, el anterior gobierno del PP aprovechó esa distracción para recortar en materia de presupuestos toda la inversión que hace falta para que estas niñas y niños estén en aulas ordinarias disfrutando del aprendizaje y de los patios con sus compañeros y compañeras.
La legislación internacional establece que estos jóvenes deben tener acceso efectivo a la educación y la capacitación, con el objetivo de lograr su desarrollo individual y su inclusión social en condiciones de igualdad. Theresia Degener, presidenta de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, expone: «El sistema educativo paralelo establecido para aquellos estudiantes con discapacidades que no encajan en las escuelas generales se convierte en trayectorias paralelas de la vida escolar, el empleo y más tarde la residencia, lo que lleva a resultados de vida muy diferentes». Por lo que nos encontramos con dos modalidades de educación separadas que contribuyen a un sistema discriminatorio. El sistema actual consiste en un sistema paralelo de educación, bien sea en centros especiales o en aulas especiales (aulas UEECO), dentro de los centros ordinarios.
El Gobierno agradeció al comité de las Naciones Unidas encargado del asunto sus observaciones sobre la necesidad evitar este sistema exclusivo, pero manifestó un firme rechazo al informe sobre la regulación y el trato que reciben las personas con discapacidad en su sistema educativo, ante la perplejidad de todos estos padres y madres que se pasan la vida rulando por los juzgados y despachos de dirección, aguantando auténticas barbaridades en respuesta a la simple y sencilla petición de que traten a sus hijos como personas iguales, que lo único que tienen es capacidades diferentes, que se respeten sus derechos a la educación y a la formación como así lo exige la ONU y lo refleja la Constitución Española. Son los centros los que deben adaptarse a ellos y no ellos a una normativa ridícula y segregacionista.
Si existen niños que quedan «fuera de la norma», habrá que modificar dicha norma porque seguir aplicándola discrimina y viola derechos. Son los padres y madres las que pierden calidad de vida y se dejan la piel para lograr conseguir aplacar el dolor que le genera a esa unidad familiar el sistema y la sociedad. Hay que eliminar el concepto de discapacidad como una enfermedad o un impedimento para que puedan desarrollar una vida dentro de la normalidad más absoluta.
Leí un comentario el otro día donde expresaba que ningún partido político incluía en su programa electoral reforma alguna en materia de inclusión en la educación convencional, excepto Podemos, y así se refleja en el punto 67 de las propuestas electorales de nuestra formación en el que se reconoce el derecho subjetivo de este alumnado «a la atención temprana e integral, universal, gratuita y pública y se armonizarán las distintas regulaciones para hacerlo efectivo». Debemos, por tanto, aunar todos nuestros esfuerzos en que los derechos y libertades de toda persona, sea quien sea, por encima de cualquier estereotipo, se puedan hacer efectivos, se lleven a la práctica. Y debemos incluir en este esfuerzo a todos las niñas y niños bajo un único modelo de sistema con todas las transformaciones normativas que esto conlleva y con toda la partida presupuestaria que sea necesaria. Porque invertir en educación es invertir en el futuro, en un futuro mejor, en un futuro inclusivo.