Con la llegada de la temporada estival y siguiendo la misma dinámica un verano tras otro, se multiplican escandalosamente las infracciones de las leyes, ordenanzas y reglamentos en nuestras islas Pitiusas. Ademas esta circunstancia se viene dando en diversas áreas del día a día, incrementando la necesidad de intervención de la Administración.
Si nos referimos a la vivienda, seguramente el problema más grave que nos afecta; vemos como aparecen como setas los alquileres turísticos ilegales, y no solo de casas unifamiliares o de apartamentos en edificios plurifamiliares; también de caravanas, balcones, trasteros o corrales. Parece que todo sirva para hacer negocio.
Existe una más que evidente falta de inspectores, tanto para detectar todas aquellas viviendas que se alquilan ilegalmente, como para controlar que aquellas que están dentro del marco normativo, realmente cumplen con todas y cada una de sus obligaciones.
En el campo de la movilidad, también hay quien saltándose la legalidad vigente, cada verano saca beneficio económico; y me refiero por supuesto a los taxis piratas que cada año proliferan en mayor número por nuestras carreteras. Muchos son localizados, expedientados y multados; pero todo ello queda lejos de conseguir el efecto disuasorio necesario.
Pasemos ahora al mar y otro ejemplo de los abusos y desmanes a los que cada temporada nos vemos abocados, son los fondeos ilegales de las embarcaciones de todos los tamaños, sobre las praderas de posidonia. Este caso es especialmente grave, por el pernicioso efecto que provoca sobre las mencionadas praderas de nuestros mares. La destrucción es más grande, cuanto mayores son las embarcaciones, como esos mega yates, cuyos propietarios o tripulantes, no muestran el mas mínimo respeto, ni por las leyes, ni por el personal de la administración encargado de vigilar y de informar.
Otro caso grave, tuvo lugar a primeros de temporada, con la reunión de hasta 17 embarcaciones, para celebrar una fiesta ilegal en un punto de la reserva marina de es Freus.
Todos estos casos tienen un punto coincidente, y no es otro que el de la tremenda lentitud en las actuaciones de la administración. Los tramites de los correspondientes expedientes se eternizan, lo que hace que en la mayoría de casos el efecto disuasorio de las mencionadas actuaciones de la autoridad competente, sea totalmente nulo.
Sirva de ejemplo de lo que quiero decir, el caso de las 17 embarcaciones de fiesta en plena reserva marina. Esto ocurrió a mediados de mayo y no ha sido hasta la segunda quincena de junio, que desde el Govern Balear se inició expediente por infracción y se notifico a los presuntos infractores. Mas de un mes ha transcurrido hasta que se ha iniciado el expediente y da vértigo pensar en cuanto puede transcurrir hasta la finalización definitiva del mismo. Pasara la temporada y la empresa infractora habrá seguido con sus desmanes, sin más.
En muchos casos son años los que transcurren hasta que se resuelven definitivamente los expedientes y se puede notificar la correspondiente sanción a los infractores.
Una justicia lenta y unas resoluciones poco contundentes, no solo no provocan efecto alguno sobre los infractores, sino que además, acaban provocando un efecto llamada. La prueba, la tenemos en que a pesar de las leyes, normas y reglamentos, cada vez son más los que se dedican a esas actividades ilegales.