Los extremismos no son buenos, ni a la derecha ni a la izquierda. Durante muchos años la derecha, y eso lo admiten los propios políticos, no tenían conciencia sobre la importancia del territorio y actuaban con manga ancha a la hora de desproteger territorio. La izquierda siempre fue mucho más prudente, aunque hay municipios donde ha gobernado y también se han cometido atrocidades urbanísticas. Los ecologistas, que no siempre tienen la razón en todo, han sido en la mayoría de ocasiones el contrapeso a una clase política que dirigía la política territorial sin ningún criterio.
Pero llegados a un punto de equilibrio y madurez en gestión territorial, parece lógico que el Consell proponga la recuperación de la disposición transitoria décima de la Ley de Urbanismo, que permite legalizar viviendas antiguas en suelo rústico, además de rehabilitar o reformar todo aquello que ya está construido desde hace muchos años. Si lo que se va a rehabilitar ya existe, ¿qué problema hay en rehabilitarlo? ¿O el actual Govern y los partidos que le apoyan prefieren casas derruidas o en mal estado a que se puedan actualizar y permitan embellecer el entorno? Luego nos vendrán que si esta disposición sirve para hacer grandes mansiones delante del mar o que se urbaniza el campo ibicenco, pero no es así. Simplemente es rehabilitar lo que está hecho, y los que no lo hagan y se pasen de la raya que sean sancionados por ello con contundencia. Ahora la pelota está en el tejado del Govern de Armengol, que deberá aplicar todos aquellos mensajes sobre el peso político de los consells y bla, bla, bla. No le queda otra que olvidarse de los fundamentalismos en materia territorial y escuchar y aplicar la petición del Consell. O eso o que no vuelva a hablar más de la autonomía de los gobiernos de las islas.