Que se dé una licencia no significa que esté bien dada», aseguraba en la TEF el concejal líder de la oposición en el Ayuntamiento de Sant Antoni, Simón Planells (PSOE-Reinicia). Atención a la premisa porque es ciertamente grave que el aspirante socialista a alcalde demuestre tal nivel de despreció por la seguridad jurídica y por la sujeción a las leyes que toda Administración debe predicar y cumplir.
En el caso del chiringuito de Cala Gració, durante el mandato del alcalde Pep Tur ‘Cires', se superaron todos los límites en cuanto a la confianza que los ciudadanos pueden tener respecto a los actos de una Administración local. Lo normal y lógico es presumir que cuando un ayuntamiento otorga una licencia, lo hace correctamente y con sujeción a las normas y según los procedimientos establecidos.
No es el caso del consistorio portmanyí, o no al menos los cuatro años que gobernaron PSOE, Reinicia y PI, cuando si una licencia se otorgaba, podía estar bien o mal dada, depende. ¿De qué depende? Pues de si Prou! protesta y de si a los políticos se les antoja desandar sus propios pasos y decir que aquello que meses antes veían bien, ahora ven mal.
Se mire por donde se mire, las palabras de Planells corroborarían la existencia de un mal funcionamiento del consistorio que ha acarreado graves perjuicios a una empresa, la cual no tiene por qué soportar tales quebrantos, ruinosos para cualquiera. Naturalmente que habrá que indemnizar a Bambagas, algo que negó en su día con gran descaro el alcalde ‘Cires' y que según cabe inferir de las palabras de Planells, determinará un juez porque el consistorio, si estuviese gobernado por PSOE-Reinicia, se parapetaría en un largo y farragoso proceso judicial al que se aboca a la empresa atropellada. Vamos, la ruina más absoluta por gentileza de unos irresponsables municipales que hoy dicen blanco y mañana podrían decir negro, sin despeinarse y sin asumir el más mínimo error, aunque tercamente sostienen que la licencia -que ellos mismos otorgaron-, no está bien dada. Olé
Guerra interna en Cs. La formación naranja vive en Ibiza su propia travesía en el desierto, pero no como consecuencia de los resultados electorales del 10-N, sino para hacerse con el control del partido que en marzo elegirá un nuevo comité insular.
Rosalía Moreno es la nueva coordinadora de Cs en Vila en sustitución de José Luis Rodríguez Poblador. La exnúmero tres de la lista al Congreso no se da por satisfecha con eso y aspira a ser la secretaria de organización insular, impulsada por las profundas discrepancias que mantiene con Javier Torres, vicepresidente segundo de Consell d'Eivissa, y su equipo.
Rosalía Moreno es funcionaria del Consell y durante la legislatura pasada fue jefa de servicio del departamento de Bienestar Social que dirigía la podemita Lydia Jurado. Catastróficamente como se sabe. Pero Rosalía no es de este parecer porque ella avaló todo lo que se hizo con Amadiba y la cartera de servicios sociales que tanto critica el nuevo equipo de gobierno de PP y Cs. Quizás sean estas críticas las que han motivado que ella esté ahora de baja laboral, lo que no le impide medrar en el partido en lo que ya es un frente contra Javier Torres.
Ese frente incluye a Toni Marí Ribas, ingeniero del Consell en excedencia y marido de Rosalía. Él también ha presentado su candidatura a la secretaría insular de relaciones institucionales de Cs Ibiza. Sus críticas al equipo de gobierno de PP y Cs son públicas y notorias, acusándoles de hacer política con los servicios sociales. Otro que debe pensar que la gestión de Lydia Jurado fue impecable.
Este frente crítico sostiene que los cargos públicos de Cs no deben ostentar cargos orgánicos en el partido para que así este pueda controlarles debidamente. Vamos, que quieren ser la oposición interna a sus propios cargos de gobierno en el Consell d'Eivissa, una suerte de comisarios políticos.
Veremos si la militancia de la formación naranja es capaz de neutralizar esta amenaza o si por el contrario, avalan la división que el frente supone.