La presidenta del Reino Mallorca e islas adyacentes se llena la boca pregonando un ficticio federalismo interior que establezca un reparto justo de los recursos del Govern, pero en la práctica se dedica a ningunear los territorios en los que no gobierna el PSOE. Ayer conocimos que el Consejo de Administración de la entidad pública Ports IB destinará el remanente de 10 millones de euros a servicios ferroviarios en Mallorca, lo cual significa que los ingresos generados por el puerto de Sant Antoni volarán hasta la isla vecina para sufragar una infraestructura de dudosa utilidad, carísima y de nula importancia para los ibicencos. Ojiplático se debió quedar ante tal propuesta el vicepresidente segundo y conseller de transportes, Javier Torres, quien no se avino a la pretensión del Govern, aprovechando para reclamar con acierto el millón de euros del coste de uso del CETIS.
Parece haberse convertido en una tónica habitual que Armengol tire de la recaudación ibicenca para financiar proyectos mallorquines, a la vez que estrangula financieramente las administraciones gestionadas por el PP. Esta nueva apropiación indebida encubierta se suma al reparto ignominioso de la ecoestafa que deja sin un solo céntimo propuestas de preservación ambiental presentadas por Sant Joan, Sant Antoni y Santa Eulalia, invirtiendo el dinero recaudado en hormigonar Figueretes y edificar nuevos institutos (partidas que nada tienen que ver con el medioambiente y que están lejos del propósito de la Ley creó el impuesto). Pero por si ello fuera poco, tienen la desvergüenza de no querer asumir el coste de una infraestructura suya (la escuela de hostelería) y acusar al presidente del Consell de hacer frentismo contra el Govern. La indecencia se ha apoderado del Consolat de Mar.