Conchi tenía 67 años. Era madre y abuela. El lunes, Paco, su exmarido, de 69 años, la asesinó a cuchilladas en la vivienda familiar que compartían en Córdoba, a pesar de estar separados desde hace un año. Con Conchi ya son 14 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en los poco más de dos meses que llevamos de 2020. Catorce víctimas, catorce vidas, catorce historias cortadas de forma abrupta por una violencia de género que no cesa, una sangría que ya contabiliza 1.047 mujeres asesinadas desde 2003. Ninguna de las catorce víctimas había denunciado previamente algún episodio de malos tratos. Solo en el caso de la mujer de 36 años asesinada en el municipio alicantino de Moraira constaba una denuncia previa, pero había sido presentada por alguien de su entorno.
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género fue un paso importante para combatir esta lacra, pero es manifiestamente insuficiente y con el tiempo se ha convertido en un ariete político, un arma arrojadiza a diestra y siniestra.
Conversando con policías y guardias civiles expertos en la materia, estos subrayan lo difícil que es dar el primer paso. Ese momento en el que la víctima cuenta un episodio violento a un agente que no conoce de nada. Dar ese primer paso puede ser clave para salvar una vida. Un primer paso que también es extremadamente difícil cuando una mujer es víctima de una agresión sexual. Y no, flamante ministra Montero, ni los agentes ni los operadores judiciales le van a preguntar si lleva minifalda. Tanto la UFAM de la Policía Nacional como la Guardia Civil trabajan desde hace años con unos protocolos en los que no caben esas muestras de machismo. Más conocimiento de causa, más medios y menos demagogia.