Descuento de residente: hay abusos

No nos escandalicemos si el Gobierno central decide tomar medidas para controlar el gasto del descuento de residentes, que pasó del 50 al 75 por ciento de bonificación, lo que significa un mayor volumen de aportación pública a los vuelos interislas. El problema de esta bonificación es el abuso que en muchas ocasiones se hace de la utilización de los vuelos, que salen a precios irrisorios y que lo que paga el residente no cubre ni el precio del combustible del avión. Hace unos años conocí a alguien en Valencia que me comenaba orgulloso que él seguía empadronado en Palma para poder disfrutar de los descuentos para residentes pese a no vivir en Mallorca desde hacía 10 años. Una vez acudí al padrón municipal y descubrí que en mi domicilio estaban censadas una decena de personas, que seguían empadronadas bien por desidia o probablemente para disfrutar del descuento. Durante estos años la Administración ha sido incapaz de controlar estos abusos en el fraude de los censos y ahora, claro, pagarán justos por pecadores. Porque estoy de acuerdo en que la partida de viajes no debe dispararse precisamente en unas circunstancias muy complicadas para las arcas públicas, pero actúen sobre aquellos que viven en la Península -imagino que el cruce de datos con las distintas administraciones podría descubrir mucho fraude- y no contra los residentes que cogen aviones entre las distintas islas por necesidad y no por capricho. Sería injusto castigar a alguien sin parte de ese descuento por su renta y tampoco tendría ningún sentido perjudicar a los que viajan entre islas por motivos laborales. Da igual si ganan 1.000 o 3.000 euros al mes. Se trata de una bonificación justa, que compensa la insularidad y no debe haber discriminación entre ciudadanos. Y ahora dicen que asignarán un cupo por persona, que parece simplemente un globo sonda del Gobierno, nada más. Actúen sobre el fraude, que seguramente encontrarán la solución.