Las estadísticas son demoledoras. Durante la jornada de hoy se producirán unas cuarenta ocupaciones ilegales de viviendas en el conjunto de España. Algunos dirán que se trata de casas abandonadas, que pertenecen a bancos o a fondos buitres y que se ocupan para denunciar la especulación, pero la realidad es que muchas de ellas tienen dueño con nombre y apellidos. Es más, actualmente, en algunos casos estos propietarios pueden estar pasando las mismas penurias o más que el ‘okupa' de turno. Porque la realidad es que, hoy en día, poco queda del movimiento social que surgió en los 80 siguiendo la estela de los squatters ingleses y abundan los que han hecho de la okupación un ‘modus vivendi' fácil. Las cifras de ocupaciones han registrado un repunte en los últimos tiempos y desde hace años existen auténticas mafias que se encargan de seleccionar las viviendas, personajes que incluso cobran por facilitar el acceso.
Recientemente, la Policía Nacional abortó en Ibiza uno de estos casos cuando interceptó a tres individuos que habían accedido a una vivienda de Talamanca señalada por un ‘conseguidor'. La realidad es que la ocupación ilegal de una vivienda sale barata; muy barata. Recientemente un jurista se preguntaba cómo es posible que si una persona roba en una segunda residencia un televisor de 60 pulgadas puede ser condenada a una pena de 5 años de prisión por robo con fuerza, pero si se queda en la casa y la ocupa la pena va de tres a seis meses. Urge una reforma del Código Penal para corregir estos disparates jurídicos y actuar contra personajes como la protagonista de un vídeo que se ha hecho viral, una ‘jeta' que chulea a la dueña de la vivienda arrebatada y a la que remite a sus abogados. Desvergüenza absoluta.