Yo le decía: hombre Pablo: ¿qué te parece si recuperamos los convenios colectivos?... Bueno a mí me parece mucho más importante controlar a los jueces», «¿La Fiscalía de quién depende? … pues ya está». «Podemos siempre va a interponer el control de los jueces».
Estas son frases de un presidente del Gobierno que acaba de presentar junto a su socio una proposición de Ley para reformar de forma exprés la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta modificación permitirá, nada menos, que el Gobierno vulnere el artículo 122 de la Constitución en 48h. Sánchez e Iglesias han sido incapaces de armar una mayoría parlamentaria para reformar el Consejo General del Poder Judicial y, en lugar de esforzarse en dialogar, han optado por lo más rápido y lo menos democrático: eliminar la mayoría cualificada para nombrar a los miembros de dicho órgano.
Fulminando ese requisito, el Gobierno tendrá manga ancha para nombrar a sus jueces de confianza sin necesidad de buscar consenso o equilibrio, lo cual supone un paso atrás en la despolitización de la justicia y una quiebra del modelo constitucional.
Antes se requería que la reforma estuviera avalada por el Gobierno y la oposición, ahora bastará con los designios del más bello narciso de la Moncloa. Esta afrenta a la judicatura satisface también los sueños autoritarios más húmedos del vicepresidente (tal y como confesó sin tapujos el propio Sánchez). Iglesias ya está en el CNI y ahora va a poder controlar el órgano de gobierno de los jueces, todo un caramelo para un líder de nulo talante democrático. Los hechos han demostrado que la palabra del presidente vale menos que una moneda de un euro con la cara de Popeye y que el precio que los ciudadanos estamos pagando por su investidura es el de nuestra salud democrática.