Quiero empezar aclarando que los empleados públicos de Baleares no somos los culpables del COVID-19 ni de la pandemia, sólo somos servidores públicos que nos dedicamos a sufrirla, como el resto de ciudadanos, y a combatirla en la medida de nuestras posibilidades, en muchas ocasiones en condiciones precarias, poniendo en riesgo nuestra salud y la de nuestras familias. No nos quejamos por ello, nos va en el sueldo, pero de ahí a llamarnos insolidarios o egoístas por defender nuestro salario va un largo trecho.
Hay que tener cuajo para que desde un gobierno, supuestamente de izquierdas, se pretenda enfrentar a unos trabajadores con otros (empleados del sector privado con los del sector público) tal y como se ha hecho. Una característica de los empleados públicos es ser sufridores de todas las vacas flacas económicas y de ser solidarios en todas aquellas situaciones en las que merecen comprometerse.
Nunca, y nunca es nunca, protestan por que se abonen ERTES, extenderlos en el tiempo y que lo percibido no sea restado de futuras prestaciones o por crear prestaciones que ayuden a paliar los efectos de la pandemia en el sector privado, medidas todas ellas que también se pagarán con los impuestos de todos. Así es y así debe ser. No puede ser de otra manera para cualquier trabajador público asalariado.
Estamos observando tertulianos, locutores de radio, presentadores de TV y políticos que por las tardes nos hacen palmas, pero que por la mañana nos critican por pedir que se pueda negociar de nuevo los acuerdos “ya” firmados con el Gobierno, convertidos en ley y que restituyen en parte la pérdida de poder adquisitivo arrastrado de crisis anteriores. Se cumplió en los años 2018 y 2019 y se está incumpliendo en 2020 y anunciado que se incumplirá de nuevo en 2021.
Concretamente en sanidad ya no pedimos ni el reconocimiento de una paga por el esfuerzo que está realizando todo el personal sanitario para afrontar la pandemia (como sí han hecho otras CC.AA.) y que lleva a tener al personal agotado, a la vez que frustrado, por la falta de empatía que tiene esta administración con sus trabajadores, que solo reciben soberbia y NOES en las mesas de negociación. Argumentos tan peregrinos como que la calamidad que estamos sufriendo les ha conducido a tener que contratar más personal y a tener una desviación del gasto; situación ésta que según nuestros gobernantes no se ha dado en el resto de las CC.AA., siendo Baleares la “única” que está en esta situación y sin reconocer siquiera el esfuerzo realizado y algo mucho peor, no cumplir con los compromisos adquiridos.
Nos hemos llenado la boca durante años de decir que nuestro sistema sanitario era uno de los mejores del mundo y sólo ha habido que ponerlo a prueba para ver que no era cierto; que a pesar de tener muchas cualidades, como su universalidad, su solidaridad con todas las personas y la fortaleza de un personal sanitario que no para de ser reconocido con premios de entidades públicas y privadas por la labor que desarrolla, son sus trabajadores las verdaderas vigas del edificio que aguantan el sistema. Afortunadamente sentimos el cariño y la comprensión mayoritaria de nuestros conciudadanos.
La desinversión durante años, la introducción de fórmulas de sistemas privados en la gestión pública con las concesiones privadas, la falta endémica de personal, la precariedad de las condiciones de trabajo, la falta de fidelización de sus profesionales, la carestía de la vida, la desequilibrada retribución de salarios conducen a la falta de médicos, enfermeras, Técnicos especialistas, TCAES… y de todos aquellos profesionales que renuncian venir a Ibiza a vivir para no estar en peores condiciones que en la península o el resto de Europa, donde su reconocimiento y su calidad de vida es superior.
Es de justicia que los empleados públicos y en concreto los sanitarios pidan negociar sus retribuciones sin pedir más que lo ya acordado, el 2% en el 2020 más el 0.9 en el 2021, debería de ser entendido, comprendido y no por ello ser insultados, ni acusados de egoístas desde a veces la posición cómoda de un sueldo (público también) verdaderamente generoso, máxime cuando todas las organizaciones sindicales han mostrado su disposición a aplazar y calendarizar estos derechos, porque son eso derechos y no privilegios.