«Soy el Sr.Lobo. Soluciono problemas». Apenas 20 segundos de una secuencia memorable de algo más de ocho minutos de Pulp Fiction, una de las obras maestras de Quentin Tarantino. Al oír que el Sr.Lobo acude en su ayuda, Jules deja de preocuparse. Igualito que nos sucede a nosotros cada vez que vemos a Patricia Gómez, a Francina Armengol, a Salvador Illa o a Pedro Sanchez.
Suena el tiembre.
-Sr.Lobo: Usted es Jimy verdad? ¿Esta es su casa?
-Jimy: Exacto.
-Sr.Lobo: Soy el Sr.Lobo, soluciono problemas.
-Jimy: BIen, tenemos uno
-Sr.Lobo: Es lo que ha oído. ¿Puedo pasar?
Lo más parecido a un empresario que se sienta en el Consell de Govern es la consellera de Agricultura, Mae de la Concha, la secretaria general de Podemos en Baleares, conocida por haber dicho que sin el sobresueldo de 22.000 euros anuales no podría dedicarse a la política, lo que parece que persigue su formación, ya que, en teoría, está en contra del citado sobresueldo, digo en teoría porque parece más una venganza a sus socios de gobierno por haberlo eliminando para los cargos de la Península, todos morados, que por convicción; y también por deducir que el celo de las sirviolas se debe a un supuesto estado de enamoramiento, una gilipollez sin relevancia, si no hubiera sido expresada por la titular de Pesca de nuestro gobierno autonómico en una sesión de control en el Parlament.
Mae de la Concha tenía una pequeña librería, La Torre de Papel, en Ciutadella de dudosa reputación. Este establecimiento tuvo cierta notoriedad en la década de los 90 porque unos narcotraficantes de poca monta, víctimas y verdugos, se reunieron en el mismo antes del doble asesinato de Bellapintada, suceso que conmocionó la ciudad, según reflejó en su momento el sumario desvelado por el extinto semanario La Veu de Menorca. Al entrar en política, De la Concha optó rauda por bajar la persiana del establecimiento.
Francina Armengol nunca ha gestionado la farmacia que su padre montó en Inca. Tampoco ha sido relevante el trabajo privado de Pilar Costa como abogada por cuenta propia. Desde el 96 vive de la política. Si algún día deja de hacerlo, tiene garantizado su trabajo como profesora de Derecho en la Escuela de Turismo de Ibiza.
El resto de consellers son trabajadores públicos: Juan Pedro Yllanes (juez); Rosario Sánchez (funcionaria de la Sindicatura de Cuentas); Iago Negueruela (inspector de Trabajo); Fina Santiago (funcionaria); Martí March (catedrático); Patricia Gómez (enfermera); Marc Pons (funcionario); Miquel Mir (investigador); e Isabel Castro (inspectora de trabajo).
Otra pasta. Los empresarios están hechos de otra pasta. Los autónomos nunca enferman, antídoto desarrollado porque si no trabajan, no facturan, no tienen beneficios, no cobran a final de mes y no pueden atender sus compromisos. No hay asuntos propios que valgan. Un anuncio de Vodafone lo resumió mejor que yo: un autónomo está siendo sometido a descargas eléctricas para reanimar su corazón mientras atiende una llamada de un cliente con la mejor de sus sonrisas.
Los empresarios persiguen cubrir las necesidades de sus clientes y solucionar sus problemas y los propios que afloran a diario. Además, si no lo hacen o no lo hacen mejor y más rápido que sus competidores, están en riesgo.
Sin que ello sea un valor absoluto, porque de todo hay en la viña del Señor, esta tozuda realidad imprime carácter y marca diferencias que enriquecen.
Funcionarios en política. Lamentablemente, la presencia de empresarios en política ha ido a menos, tanto que ha pasado a ser testimonial. Funcionarios en su inmensa mayoría, algunos, trabajadores de grandes corporaciones que tienen la excedencia garantizada y algún profesional liberal despistado, abogados principalmente, copan los cargos políticos.
Es, sin duda, positivo que haya funcionarios de diferentes disciplinas en los gobiernos. Conocen los vericuetos de la administración y hablan el mismo lenguaje que los funcionarios.
También lo sería, no obstante, que hubiera más presencia de empresarios y trabajadores privados para que pudieran aportar una visión privada, más práctica, a la hora de abordar los problemas desde otras perspectivas.
La manera sobre cómo está tratando de resolver Iago Negueruela la necesidad de tener registrados a los clientes que acuden a los locales de hostelería refleja que el Govern necesita un Sr.Lobo.
Alguien en el Govern pensó, de forma bienintencionada seguro, que era una buena idea tener registrados a todos los clientes de bares y restaurantes de las islas para poder localizar de forma rápida a contactos estrechos a los que obligar a hacer cuarentena y romper la cadena de contagios.
La solución a la necesidad es pedir a los camareros que antes de tomar la comanda, no puedo dejar de imaginarme la escena de Armengol en el Hat, registren el nombre, el DNI y el teléfono del usuario y lo custodien durante un mes por si se produce un contagio, todo ello, además, de forma voluntaria porque no hay ninguna norma que obligue a los clientes a facilitar esa información, salvo impedirles la entrada a través del derecho de admisión. Esta idea supone, además, trasladar el problema a quien en teoría se quiere ayudar haciendo sus locales un sitio más seguro.
La hostelería advierte del dislate y el Govern rectifica otra vez. La asociación balear de software hace lo que hacen los empresarios, resolverle un problema al Govern y venderle un software para registrar a los clientes a través de códigos QR que, al parecer, ya se usa para fines parecidos en la UIB y que estará en marcha antes de Navidad, algo que no se creen ni ellos, porque el Govern no tiene claro los requerimientos, aún se han de redactar las bases, se ha de convocar un concurso público, adjudicarlo y que la empresa beneficiaria, desarrolle y/o adapte la tecnología a este invento.
Está el cementerio lleno de buenas intenciones. No discuto, al contrario aplaudo, la intención de disponer de una herramienta con la que tener identificados en tiempo real a los contactos estrechos, aquellos que han estado a menos de dos metros durante un mínimo de 15 minutos con una persona que ha dado positivo, para poder aislarlos inmediatamente, tanto si el encuentro se ha producido en el trabajo, bar o restaurante, supermercado, fútbol, cine, autobús o en cualquier parte. ¿Le suena esta historia?
Iluso de mí, hasta hace unos días pensaba que para ello se desarrolló una herramienta fantástica para ayudar al trabajo de los rastreadores: Radar Covid, cuyo desarrollo se adjudicó a Indra por la friolera de 300.000 euros. En el país de los smartphones, 53,4 millones de líneas móviles contratadas para 46 millones de habitantes, supondría una herramienta muy potente que cada uno de nosotros se bajara la aplicación y que cada positivo insertara el código que le facilitan los servicios sanitarios para que los smartphones hagan su trabajo sin que nos demos cuenta y arrojen los contactos que merecen ser puestos en cuarentena y sometidos a una PCR.
Desconfianza en el Gobierno. La gente desconfía del Gobierno y el número de descargas es inferior al previsto porque se muestra muy celosa con su intimidad cuando se trata de la administración, a pesar de que nos garantizan que la aplicación no registra datos personales ni de geolocalización y que cuenta con todos los estándares de seguridad y privacidad, eso faltaría, todo lo contrario que cuando regala (regalamos) nuestra vida de forma inconsciente a Google y a Facebook, WhatsApp e Instagram. Contradicciones y miserias del ser humano.
«¿Está ayudando la aplicación Radar Covid?», le pregunté a Javier Arranz en la entrevista que publicamos el domingo 27 de septiembre. «De aquella manera… Aún faltan aspectos técnicos para que funcione bien. Hay problemas tecnológicos. Nos cuesta animar a toda la población a que haga descargas masivas de la aplicación porque no funciona al 100%. El Gobierno está trabajando intensamente en ello».
Según datos de esta semana, el Govern ha facilitado 1.115 códigos a un descorazonador 7% de los positivos.
Esta semana, 20 minutos publicó que el Gobierno ha dado por finalizado el desarrollo de la herramienta, con dos meses y medio de retraso.
Ante todas estas evidencias y dando por hecho que no nos pueden obligar a descargarnos la aplicación, aunque sí pueden obligar a las personas jurídicas a relacionarse con la administración exclusivamente de forma telemática, ¿qué hace el Govern?
Soluciones. En lugar de poner en marcha un plan con campañas de concienciación ciudadana, por tierra, mar y aire, con el mensaje de que el Radar Covid salva vidas; de que todo el sistema de salud haga un trabajo de concienciación aprovechando que miles de ciudadanos acuden a los centros que tenemos a diario y que dispone de nuestros datos para llamarnos, bien contratando parados para hacerlo o bien encargándoselo a una empresa de telemarketing, enviarnos SMS, correos electrónicos y cartas con el mismo mensaje; que miles de alumnos convenzan a sus padres de que se han de descargar la aplicación porque se lo han explicado en el colegio; de, esto es para nota porque no debe de ser fácil, ofrecer algún tipo de beneficio, en forma de descuento o bonificación en la declaración de la renta en el tramo autonómico, a aquellos que se descarguen la aplicación; o mejor aún, de articular algún tipo de bono para consumir en los bares y restaurantes o en el comercio de proximidad y así contribuir a su reactivación; se dedica a generar nuevos problemas.
Tampoco hay de qué sorprenderse porque este Govern no es capaz de hacer un contrato con el hotel en el que se alojan los sanitarios de fuera que han sido contratados para reforzar el Área de Salud que le exima de pagar las habitaciones vacías.