Lo del Ayuntamiento de Vila y la gestión de la Policía Local va de mal en peor. Cuando uno cree que ya no pueden superarse llega una nueva vuelta de tuerca. Suma y sigue en la lista de despropósitos y agravios a un cuerpo que se encuentra bajo mínimos de efectivos y bajando.
El último dislate nos lo han servido a cuenta de las oposiciones para reemplazar a media docena de agentes jubilados. El pasado jueves los aspirantes se enfrentaron a dos pruebas test y en las dos saltó la liebre. 24 de las cien preguntas tuvieron que ser anuladas por no formar parte del temario, hacer referencia a normativas desfasadas o corresponder a otra autonomía.
Un copia-pega que resultó un empastre. Opositores y sindicatos han presentado alegaciones contra una prueba a todas luces invalidada. Pero el Ayuntamiento de Vila está por encima de estas cosas, achaca el caos a un «error y humano» y aquí paz y después gloria. Detrás del desaguisado se encuentra el responsable de Recursos Humanos, un cargo de confianza del equipo de gobierno.
Esta pifia se suma a la caótica gestión política del cuerpo policial en los meses más duros de la pandemia. A finales de marzo del pasado año, con el estado de alarma ya vigente, agentes y sindicatos policiales denunciaron la falta de EPIs y de medidas de seguridad para su quehacer diario. Posteriormente, en este medio, la plantilla denunció el «silencio y la inacción» de Vila ante un primer caso positivo de coronavirus. Los sindicatos denunciaron el caso. Pero el caos viene de largo y por el camino se han quemado varios jefes.
Los choques con Estefanía Torres y Rafa Ruiz se han sucedido por los «incumplimientos» a la hora de hacer frente a cuestiones como el plus de actividad o la situación laboral de un cuerpo que llegó a tener unos 120 agentes en plantilla. La plantilla hoy está integrada por unos 70 efectivos y la sangría sigue por la fuga de agentes a otros municipios alentada por una deficiente gestión.