Si algo ha dejado claro esta situación de pandemia, es la importancia de tener unos servicios públicos estables y bien dotados.
La falta de vivienda y el alto coste de la vida en las Pitiusas, sumado a lo poco que se ha cuidado a las empleadas y empleados públicos, con recortes, precarización en la contratación y reducción de las plantillas, han provocado una fuga de profesionales y muy poco interés por tener a las islas como posible destino para desarrollar una actividad profesional vinculada al sector público.
La falta de profesionales de hoy, es el precio que pagamos por haber desoído sistemáticamente las peticiones de mejoras laborales en el ámbito público que hubiesen ayudado a compensar el hecho insular en el ámbito público.
No es necesario tener la consideración de regiones ultraperiféricas como Canarias o Ceuta y Melilla. La UE ya tiene en consideración el reconocimiento del hecho insular de las regiones insulares; en la resolución del Pleno del Parlamento Europeo, de 2 de junio de 1997, sobre una política integrada adaptada a la especificidad de las regiones insulares de la Unión Europea, así lo recoge ampliamente.
También es reconocido el hecho específico y diferencial de la insularidad tanto en la Constitución española, como en el Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, y por el Real Decreto-ley 4/2019, de 22 de febrero, del Régimen Especial de las Illes Balears.
La implantación de una indemnización por residencia adecuada (conocido como “plus de insularidad), reivindicación que los sindicatos venimos históricamente solicitando, entre otras medidas, vendría a compensar el alto coste de la vida en las Pitiusas, y favorecería la consolidación de plantillas y su adecuada dotación.
En concreto UGT ha desarrollado múltiples acciones e interpelaciones. De los últimos años, destacamos:
-Dos PNLs del Parlament de Illes Balears pidiendo a las Administraciones una correcta y adecuada Indemnización por residencia del personal que presta sus servicios en Illes Balears teniendo en cuenta la doble y triple insularidad en las islas menores
-La denuncia planteada por la FeSP-UGT ante el Defensor del Pueblo por la discriminación de la población de Illes Balears dados sus ratios de personal y la inadecuada indemnización por residencia que percibe el personal destinado en Illes Balears.
Dichas reivindicaciones sindicales han sido repetidamente desoídas por los partidos que han gobernado, ya sea en la Administración central, autonómica o local.
Eso sí, cuando se organiza la ciudadanía, los políticos, sobre todo cuando están en la oposición, no tardan a salir a reivindicar mejoras laborales para el personal público a quienes estén gobernando en ese momento.
Esto no es algo nuevo en la clase política, hacer más caso a las reclamaciones de los sindicatos cuando se está en la oposición o excusar falta de financiación cuando se gobierna, perdiendo el oremus cuando se revoluciona y organiza la ciudadanía. Esta situación es aún más sonrojante cuando no se está gobernando.
Por eso entendemos que es necesario emprender una serie de acciones en el ámbito de las Pitiusas para volver a poner la cuestión encima de la mesa de quienes gobiernan, ya sea en el Gobierno Central, el Govern Balear, el Consell d'Eivissa o el de Formentera, o el Ayuntamiento de Santa Eulalia, de Sant Josep o de cualquier otro municipio.
Dichas acciones pueden consistir en concentraciones, paros parciales, asambleas, acciones que en las próximas fechas se les dará forma, y UGT hará un llamamiento a las compañeras y compañeros de las diferentes fuerzas sindicales para trabajar conjuntamente en este sentido, y al personal de las AAPP de las Pitiusas, de Justicia, de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, del personal del Centro Penitenciario, de Puertos, Postal, Sanidad, Enseñanza, o de Consells y de los diferentes Ayuntamientos, para que las secunden.
Lo que se pretende es dar un toque de atención a quienes gobiernan en cada Administración, y reivindicar la importancia de compensar el hecho insular que tanto nos afecta, y que tiene como consecuencia el desmantelamiento de los servicios públicos, por la falta de sanitarios, profesores, de personal de Justicia, Centro Penitenciario, SEPE, y demás colectivos e instituciones.
Servicios públicos gravemente precarizados que no admiten más demoras. No podemos esperar a ver si es Europa quien debe destinar fondos para sufragar el plus de insularidad, ni atascarnos en decidir si viene vía REB, o si debe ser el Estado o la Comunidad Autónoma quien lo costee.
Por todo ello, pedimos que cada Administración implante un anticipo del plus de insularidad para sus empleadas y empleados públicos, hasta que éste se regule.
Somos un sindicato de clase, no corporativista, y seguiremos luchando por la mejora de las condiciones laborales de todo el personal al servicio de todas las AAPP, por la mejora y el mantenimiento de los servicios públicos, tal y como reza nuestro logo, y como algo que llevamos en nuestro ADN como sindicato.
Por la defensa de unos servicios públicos de calidad en las Pitiusas.