A pesar de la gravedad del asunto el silencio de Més per Mallorca resulta bastante sospechoso. Su ex jefe de campaña ha sido acusado por la Comisión Nacional de la Competencia de formar parte de un cártel (sí, como el de Pablo Escobar) para conseguir contratos de las instituciones y por ello se le reclama más de 120.000 euros de sanción. Bastantes de estos contratos corresponden al Govern, a los departamentos dirigidos por Més, pero la formación nacionalista dice que no sabe nada, que el tema no va con ellos, y solo les falta decir que no conocen de nada a Jaume Garau, negar que coordinase la campaña de 2015 de la que tanto presumían hasta hace poco.
Como ha ocurrido con otros asuntos que se han investigado (el ‘caso Camí', por ejemplo) la reacción de Més de ponerse de perfil resulta poco creíble, sobre todo por parte de un partido que se ha erigido como modélico para todos los demás y ejemplar en la gestión del dinero público. Podrían explicarnos cómo se le otorgaron algunos contratos a su ‘gurú' de campaña para realizar trabajos o elaborar documentos sin ningún interés ni valor público. Recuerden que por hechos similares algunos han ido a la cárcel. Bartomeu Vicens, por ejemplo, que fue encarcelado por encargar un informe de «copia y pega» a un asesor fiscal y que los fiscales y jueces en ese momento consideraron que era malversación de fondos.
Por ello, el dirigente de UM dejó su escaño y fue encarcelado varios años.
En Més, en cambio, no han hecho ni un mínimo gesto para dar las explicaciones que ellos siempre piden a los demás tras autoproclamarse como la formación más honrada y, a la vez, la más democrática de todas. Recuerden cómo hace poco el portavoz de Més en el Parlament pedía un cordón sanitario para Vox cuando la formación de Abascal, de momento, no tiene ningún caso de corrupción en sus filas.
Además de la postura de Més, sorprende la velocidad con la que los jueces de Baleares archivasen el ‘caso Contratos' cuando se investigaban supuestos delitos, insisto, por los cuales otros dirigentes, evidentemente vinculados a PP o UM, han acabado en prisión. En el ‘caso Contratos', en cambio, el archivo fue «express», igual que la investigación de la compra de trenes, cuyo asunto conoce muy bien el actual vicepresidente del Govern, Juan Pablo Yllanes, por motivos que ahora no vienen al caso y que es la comidilla entre los abogados de Palma.
Los lectores mallorquines deberían estar al corriente también de los vínculos de Garau con Formentera. El ex gurú de Més llegó a tener contratos con el Consell de Formentera por asuntos que supuestamente podría haber gestionado como director general del Govern en la primera legislatura del Pacte. Es decir, Garau asesoró a través de su empresa al gobierno insular sobre temas europeos cuando él era director general de la materia. El asunto, del que informó Periódico de Ibiza en solitario, quedó en el olvido para jueces y fiscales, claro, que en estos casos suelen acelerar los archivos.
Si la imagen de Més ha quedado muy tocada por la multa a su ex gurú, qué decir de la posición de nuestra Justicia, muy mediática y espectacular para determinados casos, y en cambio muy dócil cuando se investigan asuntos cuyos dirigentes coinciden con sus afinidades políticas. Lo mejor de todo es que el archivo del ‘caso contratos' no sorprendió a nadie, pero el tiempo suele poner las cosas en su sitio y Competencia ha investigado de verdad. Més podrá ponerse de lado, pero es poco probable que sus votantes, que no perdonan la corrupción, no castiguen este episodio en las elecciones de 2023.