Los requisitos, mecanismos y exigencias que ha aprobado el Govern de Francina Armengol para pagar las ayudas directas del Estado a las empresas de Balears, destinadas a paliar los efectos de la covid -los tantas veces anunciados 855 millones para «ayudar a pasar página»- discriminan y castigan a las pequeñas y medianas empresas de Ibiza y Formentera.
Para corregir este agravio, ya hemos pedido en el Parlament a la presidenta Armengol que escuche las críticas de las asociaciones profesionales y corrija estos criterios para evitar una distribución injusta y desproporcionada de los 855 millones asignados a Balears, cuyo reparto corresponde al Govern.
Estas ayudas fueron autorizadas por el Gobierno de Pedro Sánchez el 12 de marzo pasado para inyectar liquidez a las empresas que han sufrido el impacto de la pandemia de coronavirus, pero hasta el 5 de mayo no se firmó el convenio para Balears, que suscribieron la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la presidenta Armengol; y hasta el 24 de mayo no aprobó el Govern los criterios que rigen su distribución.
El Govern del PSOE, Podemos y Més per Mallorca dice que a partir de la segunda quincena de julio empezará a pagar estas ayudas aprobadas el 12 de marzo, o sea, ya habrán transcurrido cuatro meses durante los que muchas empresas han visto agravada su situación.
La fórmula que aplica el Govern, de carácter porcentual en lugar de nominal, impide que las pymes de Balears obtengan los recursos que necesitan para lograr la liquidez y solvencia que necesitan; y lo que Armengol y el conseller Iago Negueruela presentan como una inyección económica estatal sin precedentes en Balears, en realidad crea frustración y no responde a las expectativas creadas.
Interpretación flexible
Esta no es una crítica gratuita o que se inventa el Partido Popular. Ya lo ha denunciado PIME-Menorca al advertir que «habrá empresas con pérdidas superiores al 30 por ciento que no tendrá acceso a estas ayuda» y al reclamar al Govern una «necesaria aclaración e interpretación flexible de mantener la actividad hasta el 30 de junio de 2022».
Afirma la PIME menorquina que «el enfoque de estas ayudas exclusivamente a la solvencia y no a la pérdida de actividad supondrá la exclusión de las empresas que han sobrevivido a esta pandemia con recursos o fondos propios y aportaciones del propio empresario, descapitalizando en algunos casos». Y también protesta y lamenta porque «en el caso de los autónomos no se tiene en cuenta la aportación de patrimonio personal a la actividad como financiación privada, con lo que han sufrido una merma de fondos propios, tanto de la empresa como particular, además de la significativa pérdida de facturación que no se recuperará».
Por su parte, PIME-Mallorca ha rechazado los criterios fijados por el Govern para obtener estas ayudas estatales y manifiesta su desacuerdo y crítica con un ‘reparto injusto que favorece a las grandes empresas de Balears'.
También instan al Govern a volver a aplicar la fórmula nominal, como se ha venido haciendo para el reparto de ayudas entre las empresas de Balears, que ahora ha sido modificado unilateralmente, lo que provoca un evidente perjuicio.
Sectores excluidos
El Gobierno de Pedro Sánchez ya tuvo que corregir la primera convocatoria de estas ayudas para incorporar a los sectores productivos de Balears que habían quedado excluidos, tal como denunció el Partido Popular, exigiendo una rectificación. Entre otros, habían sido discriminadas las empresas de calzado, los productores de queso, concesionarios de coches y talleres de reparación, empresas de muebles, autónomos de peluquería, centros de estética, floristerías y tiendas de souvenirs. Muchos de ellos se quejaron.
Esta discriminación inicial provocó un aluvión de quejas, y se vieron obligados a rectificar. Y ahora que publican los criterios para distribuir las ayudas, reciben más protestas. Es el resultado de una mala gestión porque el Govern Armengol actúa de espaldas a los agentes sociales, a los que únicamente convoca para hacerse la foto y cuando ya lo tienen todo decidido.
Los sindicatos y las organizaciones empresariales han expresado su malestar porque las medidas a tratar en la ‘Mesa de Diàleg Social' de Baleares se dan a conocer a través de los medios de comunicación antes de celebrar las reuniones, en una política de hechos consumados para imponer las decisiones, que confirma la actuación unilateral de este Govern.
Nueva discriminación
El Govern de Francina Armengol ha cometido ahora otro agravio comparativo cuando discrimina a las empresas de formación privada, que también han sufrido el impacto económico de la pandemia y no han recibido ayudas.
A través del SOIB, destina tres millones de euros para que la competencia pública de formación pueda comprar material y equipamientos, pero excluye expresamente de esta convocatoria al sector privado que halla dificultades por parte de la Administración autonómica balear para impartir la formación ocupacional
Esta política excluyente y discriminatoria que practica el Govern formado por el PSOE, Podemos y Més acentúa la asfixia económica de estas pymes de Menorca y aboca a muchas de ellas al cierre.