El gestor de una institución autonómica de Baleares me contaba no hace mucho que obligatoriamente tenía que sacar a concurso la gestión de un bar en un edificio público, sabedor de que el concesionario existente era inmejorable y que, con toda probabilidad, no ganaría porque era muy honesto y no sabía desenvolverse en el entorno marrullero que permite y hasta impone el sistema legal en vigor. Como gestor, sabía que tendría que adjudicarle el bar a alguien que lo haría mal, mucho más caro y sin interés, pero que habría presentado los papeles de forma ejemplar.
Este es el síntoma del caos legal en el que se mueve la contratación pública en España. Yo confieso que no tengo alternativas; esto es un desastre, pero no se me ocurre, con la cultura de la gestión pública que tenemos, un modelo que pueda dar resultados realmente positivos.
Digo esto en relación a la Autoridad Portuaria de Baleares, que está siendo investigada por prácticamente todos los concursos que adjudica. He leído los escasos datos que se han filtrado a los medios de comunicación y la impresión que me da es que en la adjudicación del puerto de Maó hubiera habido favoritismo en favor de una empresa local, en detrimento de otras.
¿Y? Para mí, conociendo el ordenamiento legal, sabiendo que los concursos son ejercicios de cinismo entre pillos, lo único que me importa es si ese favoritismo se ha hecho por dinero o no. Por dinero para Juan Gual, para quien le nombró o para financiar al partido que está detrás de todo esto. Si no fuera así, y de eso hoy no hay constancia, francamente no me parece mal que haya habido favoritismo. Porque el propio sistema lo impone, porque cada criterio de valoración introducido prácticamente lleva nombres y apellidos. Al fin y al cabo, un gestor que tenga un mínimo de responsabilidad debe de tener algún cargo de conciencia al adjudicar un concurso al mejor postor si sabe, por historia, que ese postor no es serio y fiable.
Porque no se engañen: en estos ámbitos todo el mundo se conoce y cuando aparece cierta gente en un despacho todo el mundo se lleva la mano a la cartera. Adjudicarle a los impresentables y corruptos concursos públicos que uno desea que se gestionen con seriedad, por mucho que su propuesta sea la mejor desde el punto de vista de los papeles, provoca arcadas. Es lo legal, desde luego, pero cuesta muchísimo permitir que estas cuestiones destruyan un proyecto, arruinen a la gente honrada o desnaturalicen una gestión.
Yo recuerdo una empresa adjudicataria de un servicio público a la que tuve que exigirle que cumpliera un mínimo de calidad en sus prestaciones. El gerente, sin decírmelo explícitamente, porque estas cosas siempre se dicen entre líneas, me dio a entender que no tenía derecho a pedirle un buen servicio, cuando él ya había sacrificado parte de sus beneficios en pagar a alguien que yo desconocía. Hombre, me vino a decir, además de pagar no querrás que dé un buen servicio.
Esta es la realidad descarnada que se encuentran los gestores públicos cuando son honrados: un caos legal que no siempre premia a los mejores, a los honestos, a los responsables, a los serios.
Por ejemplo, la Ley de Contratos prohíbe premiar gestiones pasadas o la experiencia en una actividad. O sea que alguien que cumple impecablemente con un servicio durante años no puede tener preferencia alguna respecto del que acaba de crear una empresa oportunista para ver si le suena la flauta, le cae el servicio y ya aprenderá sobre la marcha cómo cumplir con el contrato. ¿Pero quién ideó esta estupidez?
Muchas veces los investigadores de estas corruptelas se quedan en la literalidad de la ley, en la superficie, e ignoran el mundo real. Las filtraciones que ha habido hasta ahora sobre el último episodio de la Autoridad Portuaria no dicen nada: que Gual habló con Armengol es completamente lógico; que Gual le dijo a un conocido que lo echaron para quedar bien con la oposición es evidentemente una verdad. Lo único chapuzas que he visto es que si alguien quería que el concurso lo ganara legalmente una determinada empresa de Menorca, nunca nadie debió de haberlo sabido antes de que se comunicara el fallo. Esto es lo que diferencia una adjudicación de otra: lo mismo, pero con discreción; lo mismo pero buscando razones en minucias.
Como siempre, estas investigaciones van al detalle y lo único importante lo dejan de lado: aquí sólo interesa saber si la Autoridad Portuaria es o no el vehículo de financiación del partido del gobierno (este o el anterior o el siguiente, que tanto da). Y esto lo queremos saber del concurso de Maó como también de aquellos en los que los papeles están bien. Casi diría que sobre todo de estos. Todo lo demás es irrelevante. Y con esta legislación de contratos, puede que hasta plausible.