El poder político de este país ha intentado por todos los medios desacreditar al poder judicial cuando éste ha frenado los desmanes que pretendían desde el gobierno. En lugar de rectificar, el orgullo lleva a cargar demasiado habitualmente contra decisiones judiciales que cortan de raíz sus conatos de autoritarismo.
Provoca bochorno ver a políticos que se ofenden cuando el poder judicial controla al ejecutivo, como si este último estuviera al margen del Estado de Derecho. Lo hemos visto en Baleares cuando Armengol y sus palmeros han tratado de peligrosos irresponsables a los jueces que han tumbado sus medidas tiránicas y más tarde los han usado para colgarse una medalla cuando las han avalado.
Una de las falacias más recurrentes es vincular la judicatura con el franquismo o con una supuesta élite económica. En esta línea, el PSOE propone ahora unas becas para opositores a judicatura para «democratizar la carrera judicial» y para «romper inercias elitistas». Lo que viene a decir el PSOE con esta propuesta es que sus señorías son ricas y fachas. Si no fueran tan ignorantes, sabrían que una tercera parte de los alumnos que ingresan cada año a la Escuela Judicial procede de familias en las que ninguno de los progenitores tiene ni siquiera estudios superiores y que la media de edad de los jueces en España es de 51 años, con lo cual tenían escasos cinco años cuando Franco murió o no habían nacido.
Estas afirmaciones de una izquierda que marea con superfluos anuncios de modernización de la carrera judicial se fundamentan únicamente en estereotipos y prejuicios que nada tienen que ver con la realidad. En lugar de perder el tiempo inventando términos y problemas que no existen, podrían empezar por atajar la escasez de medios que sufre la administración de justicia.