A raíz de determinados acontecimientos que están teniendo lugar estos últimos días y la polémica que han suscitado ciertas decisiones aprobadas por algunos dirigentes políticos, me ha venido a la mente una reflexión que dejé en uno de mis artículos publicados pocas semanas antes de que se iniciara esta temporada de verano y en el que planteaba la necesidad no tan solo de aprobar aquellas medidas que fueran necesarias para garantizar un correcto inicio de los tan esperados meses turísticos, sino que además se deberían poner los medios necesarios para asegurar que se tendría la capacidad de hacer cumplir a rajatabla todas y cada una de esas medidas.
Recuerdo que también hice la reflexión de que cualquier pequeño error en la planificación previa podría dar al traste con la tan esperada y deseada temporada estival. Como cabía esperar, el inicio de la misma se ha visto rodeada de numerosas incertezas, básicamente relacionadas con las decisiones que se fueron tomando por parte de los gobiernos de los países, que son los principales emisores del turismo que viene cada año a nuestras islas.
No deja de ser curioso y, en cierto modo, contradictorio que, mientras todos estábamos pendientes de la evolución de la pandemia en muchos países europeos, saltara la sorpresa primero y el temor posterior de qué consecuencias llegaría a tener un grave error cometido en nuestra propia Comunidad Autónoma, concretamente en la isla de Mallorca. El error al que me refiero no es otro que la falta de control en un concierto en la plaza de toros de Palma, junto a los desmadres que se produjeron en las actividades que realizaron cientos de estudiantes durante su estancia en esa isla. No hace falta recordar que eso fue el inicio del calvario que supone la actual ola de contagios, que está dificultando enormemente que desde fuera se vea a nuestras islas como un lugar seguro desde el punto de vista pandémico.
La polémica a la que me he referido al inicio del artículo gira en torno a la decisión que se ha tomado en algunos países de nuestro entorno y que es la obligatoriedad de presentar el certificado o pasaporte covid para acceder a determinados lugares públicos. Esto ya se está aplicando tanto en Francia, donde además se ha aprobado la obligación de vacunarse para todo el personal sanitario, como en Italia, donde se exige la presentación del certificado sanitario para acceder al interior de bares y restaurantes.
En nuestro país ya hay dos comunidades autónomas en las que se ha decidido aplicar también la necesidad de presentar el certificado en cuestión para acceder a determinados lugares. Recientemente, también el Govern balear juega con la posibilidad de aprobar una medida parecida, si bien de momento parece ser que la intención es que sea exigible únicamente para acceder a aquellos eventos que supongan una aglomeración de gente, entiéndase conciertos o actos similares.
Ante tal posibilidad ya hay quien ha empezado a poner el grito en el cielo, diciendo que ello supondría una vulneración de la libertad individual en cuanto a vacunarse o no, con lo que se crearía un agravio comparativo que iría en contra de determinados derechos fundamentales. Volvemos a la eterna duda. ¿Puede la libertad individual poner en riesgo la salud del colectivo? La respuesta, desde mi punto de vista, es rotundamente no.
La consecuencia directa de la aceptación sin más del más absoluto libertinaje no es otra que vernos de nuevo abocados al cierre de los negocios, a la pérdida de muchos puestos de trabajo y, en resumen, al final drástico de la temporada. Por tanto, vale la pena sopesar si es preferible un nuevo confinamiento o establecer una formula para que, ahora que más del cincuenta por ciento de la población ya está con las dos dosis de la vacuna administrada, se pueda garantizar que la actividad comercial y turística continúe.
En nuestras islas ya se puede solicitar la vacunación a partir de los doce años y el hecho de que el número de dosis que se inoculan a diario se vaya estancando nos lleva a pensar que muchos de los que estén sin vacunar en las próximas semanas serán negacionistas de la pandemia y de la clara efectividad de la vacuna.
Sin ninguna duda, también sería necesario que, a efectos de garantizar la salud pública, se decretara la obligatoriedad de vacunarse a todo el personal sanitario y sociosanitario. Ya no caben medias tintas.