A finales del pasado mes de agosto fue entregado al Parlament de les Illes Balears un informe jurídico elaborado por el Institut d'Estudis Autonòmics (IEA) en el que se apuntaba la formula legal existente para incrementar la capacidad de autogobierno de nuestras islas y lo más importante es que según el citado Institut, ello seria posible sin tener que enredarse en un proceso previo de reforma de nuestro Estatut.
Sin duda el informe plantea un escenario alternativo a esa reforma estatutaria y por lo tanto tiene mucho valor, sobre todo si tenemos presente la realidad política actual a nivel estatal. Esta realidad a día de hoy pasa por la deriva ultra conservadora del principal partido de la oposición (PP) y las tesis de extrema derecha del socio que Casado ha elegido (VOX), tanto para el presente como para el futuro más próximo. Por todo ello y si tenemos en cuenta que los deseos de Abascal y sus seguidores pasan por suprimir el estado de las autonomías y volver a un gobierno central como único elemento de gestión estatal, no cabe duda que buscar consensos con esta oposición es un simple ejercicio de imaginación desbordante.
Está muy claro que a pesar de las reticencias de buena parte de la derecha española, la gestión más cercana al ciudadano en los diferentes territorios es la que resulta más eficaz y me gustaría que ello quede muy claro; por lo tanto todas aquellas competencias que puedan ser gestionadas directamente desde las administraciones de nuestras propias islas, deberían suponer un incremento de la efectividad de la citada gestión.
Ahora bien, no puedo dejar pasar la oportunidad de recordar la importante peculiaridad de nuestra Comunidad Autónoma y que no es otra que su conformación territorial. Somos cuatro islas y cada una de ellas con su propia administración insular. Formentera, Eivissa, Menorca y Mallorca tienen cada una su propio Consell Insular que también gestiona diversas competencias que les han sido transferidas. Si tenemos eso claro y muy presente, no resultará difícil comprender que la misma descentralización que se reclame del Gobierno del Estado, debería tener su correspondiente extensión en nuestras Illes Balears en aplicación del concepto de descentralización interna.
No estaría de más que por parte del IEA y en aplicación de sus funciones de asesoramiento a la presidencia de nuestra Comunidad Autónoma y entre las que se encuentran los procesos de traspaso de funciones y servicios del Govern Balear a los consells insulars, tuvieran tiempo de revisar este proceso de transferencia competencial interna.
Parece que aquello que se viene reclamando del Gobierno del Estado, cuesta mucho aplicarlo en nuestra Comunidad Autónoma. Para comprobar tal afirmación, basta que recordemos un punto que los principales partidos acostumbran a llevar en sus programas electorales cada cuatro años y sigue sin cumplirse hasta ahora y según parece tampoco será una realidad en esta legislatura; ese punto no es otro que el traspaso de la gestión integral del agua a nuestros consells insulars. Sistemáticamente se alude a problemas de carácter legal para justificar el incumplimiento de este compromiso electoral tanto de la derecha como de la izquierda.
También cabría revisar el autentico fraude que supuso el traspaso a tres de los cuatro consells insulars de la competencia en transporte terrestre, ya que gracias al mismo la inversión anual del Govern en este tipo de transporte es de decenas y decenas de millones de euros para Mallorca, mientras el resto de las islas tienen que mendigar por cada uno de los poquísimos millones que les llegan. Otra tomadura de pelo más que supone un vergonzante agravio comparativo.
Sin duda resulta imprescindible mantener una actitud lo más reivindicativa posible para obtener mejoras en nuestra capacidad de autogobierno, pero hasta la fecha solo se mantiene esa actitud de Palma hacia Madrid, pero no lo suficiente de Eivissa y Formentera hacia Palma; cosa que le va como anillo al dedo al Govern para ir archivando determinados temas y compromisos adquiridos en cajas que se dejan en algún rincón olvidado.
Estaría bien que se hiciera llegar también algún informe jurídico que asesorara al Govern en como salvar esos obstáculos legales que impiden aplicar la tan cacareada descentralización en nuestra propia Comunidad Autónoma.