Las 28 familias que aún residen en los apartamentos Don Pepe deberán abandonar sus casas como muy tarde el día 17 de diciembre si no quieren ser desalojados por la fuerza. Es la fecha límite que marca el auto judicial que da luz verde a la petición presentada por Sant Josep para poder vaciar el edificio, que amenaza ruina, según mantiene el Consistorio josepí.
Estas 28 familias tienen marcada a fuego esa fecha y, a buen seguro, más de uno no querrá abandonar su hogar. Es normal que no se quieran ir: están pagando hipotecas y les dicen que se tienen que ir porque su casa, que han comprado legalmente y por la cual han pagado impuestos todos estos años, se podría (o no) caer.
Esto implica buscar un alquiler en Ibiza que, pese a ser invierno, no bajan de los 900 o 1.000 euros como mínimo (seamos realistas, la crisis del coronavirus prácticamente ni se ha notado en los precios de los alquileres, no nos engañemos). Y todo ello, a las puertas de la Navidad. Sin duda, un bonito regalo que les hace Sant Josep y el Govern al no querer cambiar la ley para que permita que el edificio entre en ordenación. La incertidumbre en cualquier ámbito es la peor enemiga del ser humano y estas 28 familias no saben qué será de sus vidas ni dónde podrán juntarse con sus familiares o amigos para celebrar la Navidad.
Es normal que estén cabreadas, decepcionadas y preocupadas por su porvenir. Ha faltado, y falta, mucha empatía por parte de Sant Josep y del Govern. Y, sobre todo, falta voluntad política para buscar una solución más allá de darles ayudas económicas, que a buen seguro serán limitadas en el tiempo mientras ellos deberán seguir pagando las hipotecas de sus hogares en los Don Pepe y, en paralelo, alquileres.
Ahora, parece que se abre una ventana de esperanza con la posibilidad de que el Consejo de Ministros legalice de manera excepcional esta edificación. Queda por ver si finalmente será así. Mucho ánimo.