Los ibicencos son ciudadanos más libres puesto que dependen menos de unas administraciones más ágiles y garantistas después de la aprobación definitiva del reglamento de simplificación administrativa y fomento de las agroestancias y el alquiler de casas payesas, normativa que ha obtenido un amplio respaldo gracias al consenso con los cinco ayuntamientos de la isla, colegios profesionales y sociedad civil después de tres procesos de participación ciudadana. Además, cuenta con el rotundo aval jurídico del Consell Consultiu al autogobierno de las instituciones insulares que había sido puesto en cuestión de forma inexplicable por el propio Govern balear, la Federació Socialista d'Eivissa y Unidas Podemos, partidos que también de forma inexplicable han vuelto a dar la espalda a los ibicencos con su voto en contra, y al innovador trabajo hecho durante más de dos años por el personal de varios departamentos de la institución a los que agradezco su abnegada dedicación y vocación de servicio público.
El resultado es más simplificación administrativa, menos burocracia, mayor agilidad, eficiencia y productividad en la administración pública, menores costes directos e indirectos tanto para la administración como para el administrado -que pueden superar los 400.000 euros al año, recursos que en lugar de ingresar las arcas de la administración se quedarán en el bolsillo de los ibicencos que es donde deben estar- y, como explicaremos en un segundo artículo al tratarse de ámbitos de naturaleza diferente, mayor respeto a la propiedad privada, apoyo al mundo agrario e incentivos para la protección y puesta en valor de nuestro tradicional y característico paisaje.
Desde el Partido Popular de Eivissa, estamos orgullosos de haber ejercido nuestro autogobierno hasta donde nos ha permitido el marco jurídico actual y, convencidos de que el gobierno del Consell d'Eivissa ha marcado el camino que otras instituciones insulares acabarán siguiendo por los enormes beneficios que supone para la ciudadanía, para el medio ambiente y para el patrimonio y también para la propia institución. No en vano, el propio Consell Consultiu alaba la «loable apuesta por la simplificación de los procedimientos administrativos».
Una notable reducción de plazos y una mayor capacidad de dinamizar la economía serán las consecuencias de sustituir la obligatoriedad de solicitar licencia de obras por una declaración responsable previa en rehabilitaciones, reformas, restauraciones y consolidaciones de inmuebles no catalogados en suelo no protegido, agrupaciones de fincas, cerramientos urbanos, conservación y reparación que no impliquen modificaciones de parámetros urbanísticos e intervenciones arqueológicas en zonas no catalogadas, medidas que también supondrán una reducción de plazos en otros trámites que no han podido ser simplificados en este reglamento gracias a que los departamentos de urbanismo de los ayuntamientos y de Territorio del Consell d'Eivissa podrán centrarse en aquellos que requieren de su intervención, como una licencia de obra nueva.
Hemos eliminado todos los trámites que hemos sido capaces dentro del marco jurídico actual. Hemos demostrado que la cédula de primera ocupación que se ha venido solicitando hasta ahora al Consell d'Eivissa es absolutamente innecesaria, ya que se trata de un trámite redundante al estar incluído en la autorización municipal. Así pues, los ciudadanos se ahorrarán el trámite de volver a pedir una autorización que de facto ya tenían.
También hemos aligerado la burocracia al eliminar los certificados municipales de final de obra por el mismo motivo. Hemos optado por no eliminar las cédulas de renovación y carencia porque contribuyen a controlar la disciplina urbanística, ya que permiten detectar intervenciones ilegales. No obstante, hemos reducido a la mitad el plazo obligatorio de resolución por parte de la administración, plazo que por otra parte se incumplía ampliamente y que gracias al esfuerzo del Departamento de Ordenación del Territorio se ha regularizado este mandato.
La eliminación de la burocracia se ha basado en el principio que defiende en cada ocasión que puede el Partido Popular: la colaboración público privada. Ahora, los colegios profesionales podrán hacer parte del trabajo que venía haciendo el personal de la administración en las cédulas de renovación y carencia, lo que, además, de evitar carga de trabajo para el personal público, reducirá enormemente los plazos para la obtención de licencias, aspecto que contribuirá a dinamizar la actividad económica de la rehabilitación y reforma de inmuebles y a fomentar las necesarias inversiones en sostenibilidad hídrica y energética.
Estos cambios evitarán trabajo y costes innecesarios al administrado, liberarán al personal de la administración que podrá ser destinado a otras tareas de mayor valor y reducirán los desplazamientos y las colas ante las ventanillas de las administraciones para consultas y registros, en el caso de que no se hicieran de forma telemática, lo que supone pérdida de tiempo, eficiencia, colapsos y contaminación.
En definitiva, los ibicencos son más libres gracias a una administración más propia del siglo XXI y de la que dependen menos sin que ésta pierda capacidad alguna de control y en cambio verá incrementada su eficiencia y capacidad sin incrementar personal ni coste. Esta es la manera de hacer política y de gestionar una institución del Partido Popular: gestión, eficiencia y libertad frente a prohibiciones, imposiciones y aumento desaforado de gasto público improductivo. El mejor gobierno es aquel que hace lo posible para que el ciudadano no lo necesite.