Morir de éxito es la expresión que se utiliza cuando la incapacidad para gestionar una situación que va muy bien puede terminar en fracaso. Es el caso del sector del taxi. La avalancha turística pone en evidencia las carencias del servicio en núcleos turísticos y en Palma, donde es una novedad ver circular un vehículo con la luz verde encendida los días de mayor actividad aeroportuaria o de cruceros. En Eivissa alcanza tintes dramáticos.
Desde el propio sector se apunta que están desbordados y los taxistas tienen razón cuando señalan que no toda la responsabilidad es suya desde el momento en que faltan conductores habiendo licencias. En Palma, el Ayuntamiento dificulta en grado máximo la obtención del carnet profesional: en la última convocatoria, de 155 personas presentadas solo aprobaron 14. En los territorios turísticos del Ponent de Mallorca, donde hoteleros y restauradores se quejan amargamente de las prolongadas esperas hasta que se cubre el servicio, los profesionales subrayan que las elevadas tarifas del Transporte Público Interurbano (TIB) desincentivan el uso del transporte colectivo.
El taxi es un lobby muy poderoso, tanto por el número de votos que supone como por la capacidad de crítica hacia los gobernantes de turno: transportan diariamente a mucha gente. No hay constancia de un gobierno municipal que a lo largo de los años no haya cedido a las exigencias del sector. Distintos brotes de violencia jalonan su evolución, sobre todo cuando las cosas no iban tan bien como ahora y se disputaban las áreas de trabajo en municipios colindantes. El verano de 1996, los taxistas de Palma personalizaron las reticencias municipales al aumento de tarifas en un teniente de alcalde, cuyo coche oficial fue zarandeado hasta casi hacerlo volcar. Unos días después, el alcalde de la época aceptó todas sus demandas.
El origen de buena parte del problema se encuentra en el mercado de traspasos de licencias. El taxi es una concesión municipal y como tal, en buena lógica, debería retornar al ayuntamiento para su posterior concesión al término de la vida laboral del profesional. El numerus clausus de licencias las convierte en un documento de gran valor económico, de forma que su venta asegura una buena jubilación al tenedor de la misma. De ahí que la posibilidad de liberalización del sector –despiertan envidia las ciudades que pueden contar con los servicios de empresas que rozan la excelencia como Uber o Cabify– deba enfrentarse al muro de una oposición frontal generalizada. Sin embargo, es un proceso imparable.
Como defienden los taxistas es indiscutible que su sector es un eslabón más del transporte público y no pueden cargarse sobre sus espaldas las insuficiencias del resto de actores, especialmente el autobús, urbano e interurbano. Y también es cierto que se trata de empresarios que han arriesgado su patrimonio para desarrollar su labor y tienen todo el derecho, como el resto de profesionales y empresas, a garantizarse el futuro.
La responsabilidad de la prestación de los servicios públicos es, particularmente en este caso, de los gobiernos municipales. En Palma andan perdidos en sus trifulcas internas, sea Podemos sean los apuros judiciales de la portavoz de Més, y el servicio del taxi, como tantos otros, se resiente.