El gobierno prepara una vuelta de tuerca más a esta enloquecida carrera por borrar la historia y sustituirla por un relato maniqueo absolutamente inventado en el que todo aquello opuesto a la izquierda es fascismo y todo lo relacionado con ésta -especialmente si sirve a los propósitos de Pedro Sánchez- es digno de encomio.
De la ‘memoria histórica' vamos a pasar ahora a la ‘memoria democrática', consistente, entre otras cosas, en una descalificación general de la Transición -que se considera como una mera extensión de la dictadura franquista-, al punto que el gobierno tiene intención de extender su revisionismo hasta 1983, es decir, cuando ya hacía un año que gobernaba el PSOE.
Capitanea esta antología del disparate carpetovetónico el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, eminente jurista asalariado nacido en diciembre de 1975, con Franco yaciendo ya en Cuelgamuros. Bolaños, pues, ni siquiera era un escolar durante la Transición, sino un bebé, a lo sumo un párvulo, sin memoria de ninguna clase sobre aquella época; ni histórica, ni democrática, ni de la de verdad. El problema de tocar de oído es que uno ha de fiarse de lo que le cuentan y eso, en el caso de los miembros y miembras del ejecutivo actual, conlleva espesos filtros ideológicos.
Con todo, la nueva ley no hace sino profundizar en la sacralización de la infausta II República y criminalizar incluso hasta el socialismo decente que encarnaban tipos como González, Guerra, Corcuera, Redondo y tantos otros, tan alejados del saltimbanqui oportunista y sin escrúpulos que nos gobierna.
Pero esta ley hace, además, algo intrínsecamente perverso, como es blanquear el terrorismo etarra. Entre 1975 y 1983 ETA -con cuyos herederos morales ha pactado Bolaños esta ley-, asesinó cobardemente a 387 personas. Los números son siempre fríos, pero si se acude a la red a leer la relación de víctimas de esta barbarie resulta imposible contener la indignación.
Los amigos de los aliados de Sánchez mataron entre el 20 de noviembre de 1975 y el 31 de diciembre de 1983 a 190 miembros de las fuerzas de seguridad, la inmensa mayoría agentes de la Guardia Civil. Asesinaron también a 38 militares de diversa graduación; a 11 alcaldes o ex-alcaldes, concejales o presidentes de diputación, y hasta a 146 civiles, entre los que destacan 11 taxistas, además de empresarios, propietarios de bares, obreros, camioneros, funcionarios, panaderos, comerciantes, médicos, peluqueros...
A esta macabra relación, que Bolaños quiere enterrar con su ley, hay que añadir un niño y una mujer embarazada. Imagino que el ministro no ha querido ir más allá de 1983, entre otras cosas, porque ETA asesinó en los siguientes años a 16 menores más -el último, en 2002-, y a otra mujer en estado de gestación.
Criminalizar la Transición y justificar moralmente el terrorismo constituye el penúltimo episodio de la degradación ética del poder. Todo vale.
Bolaños no estaba, pero yo sí, aunque fuera un joven estudiante. La miseria moral que encierra su ley provoca náuseas también a muchos ciudadanos progresistas y ha avivado una esperanzadora reacción en el seno del PSOE o, mejor dicho, de lo que queda de él tras ser fagocitado por un sectario aparato sanchista que pagará muy cara esta ignominia en las urnas.