El continuo goteo de noticias sobre movilidad que afectan a la Pitiusas pone en evidencia el absoluto desinterés que las administraciones responsables en materia de transporte demuestran hacia los enormes problemas que nos afectan en esa área de gestión. Ya he recordado en numerosas ocasiones la constante burla y desprecio que se demuestra cada año por parte del Govern en lo referente al transporte público terrestre, pero a ello debemos añadir el pasotismo desesperante demostrado en cuanto a transporte marítimo entre nuestras dos islas.
Hace unos días pudimos conocer la noticia del punto en que se encuentra la redacción del reglamento que debe desarrollar la Ley de Transporte Marítimo de Baleares (Ley 11/2010 de 2 de noviembre) y que debería ser aprobado mediante decreto próximamente. El contenido de este decreto ya ha sido expuesto a información pública y, como consecuencia de la misma, ya se han incorporado algunas alegaciones que habían sido presentadas.
Ahora bien, en lugar de que sean noticia estas aprobadas, lo cierto es que lo son precisamente las que se han quedado fuera a criterio de la Conselleria de Mobilitat del Govern; destacando dos de ellas, una del Consell de Formentera y otra del Consell d'Eivissa. Formentera solicitaba que en dicho documento constara la reducción de frecuencias en la línea marítima entre las dos islas y que por tanto se fijara un número de frecuencias máximas, mientras Eivissa pedía que se flexibilizaran los criterios que afectan a las excursiones marítimas.
Estas dos alegaciones son contradictorias entre sí, ya que una pretende la reducción del trafico marítimo entre las dos islas; mientras que la otra propone todo lo contrario. La discrepancia de criterio entre ambas instituciones no resulta para nada extraña, ya que una tiene un gobierno progresista y la otra uno de derechas, y evidentemente tienen puntos de vista muy alejados. Pero lo que resulta realmente curioso es el argumento utilizado por parte de la Conselleria de Movilitat para justificar la decisión adoptada.
Se ampara el conseller en un mercado europeo liberalizado para avalar la supuesta imposibilidad de acotar un número de frecuencias en la ruta entre las dos islas, algo que resulta difícil de creer sobre todo si tenemos en cuenta que ya se han establecido limites en la movilidad en la propia isla de Formentera y no se conoce ninguna reacción en contra por parte de Bruselas y me estoy refiriendo en concreto a la ley que limita el número de coches que pueden circular por la isla.
Tampoco tiene mucha lógica que desde el Consell d'Eivissa se defienda la liberalización de las excursiones marítimas haciendo referencia a que estas no son las causantes de que haya demasiada gente en la isla durante el verano. No se trata en ningún caso de esto, lo que no es aceptable es que determinados puntos del entorno de un espacio protegido se vean saturados y sin control en cuanto a la ocupación de los mismos. Debería recordar el conseller Torres que en su isla se están colocando cámaras en las playas para controlar el grado de ocupación de las mismas.
Y no puedo acabar este artículo sin hacer referencia a algunos detalles que me parecen destacables. El primero es que no debemos olvidar que uno de los grandes objetivos de la Ley de Transporte Marítimo era y es la protección del ecosistema marino y que el documento tal como parece estar redactado pisotea ese objetivo. Sin reducción de las frecuencias nada cambiará.
Por otro lado es curioso que la justificación esgrimida hasta la fecha para justificar el vergonzante retraso de casi doce años ya en la aprobación del famoso reglamento para el desarrollo completo de la ley 11/2010 haya sido la falta de consenso con las empresas del sector náutico ahora resulta que con el texto conocido el ecosistema no va a ganar nada y en cambio las empresas marítimas de transporte regular entre islas sí. Resulta francamente triste.
Finalmente resaltar el penoso papel de los dos partidos que juntos o por separado llevan años gobernando en Formentera y que han sido incapaces de plantar cara a su propio partido uno y a su socio en el Parlament el otro y exigir un texto que defienda los verdaderos intereses de la isla.
Doce años deberían haber dado para algo más resolutivo.