El precio de la vivienda, de la luz, de la gasolina, de la cesta de la compra, el coste de la vida en general. No hay duda de que la inflación es, como no puede ser de otra manera, la principal preocupación de los ciudadanos de Balears. Una inflación que ahoga a las rentas medias, a las familias, a las pymes, a los autónomos y a los trabajadores. Por ello, el Partido Popular lleva defendiendo desde hace más de un año que, ahora que todo sube, es el momento de bajar los impuestos, de compensar a los ciudadanos y devolverles todo lo que están pagando de más, todo lo que ha salido de más de su bolsillo.
Sin embargo, lejos de ello y a diferencia de lo que están haciendo presidentes autonómicos de todo color, también socialistas como el valenciano Ximo Puig o el aragonés Javier Lambán, Francina Armengol perdió la oportunidad de anunciar en el último debate de política general una rebaja de impuestos de calado para las rentas medias y bajas; y en una muestra de desesperación, lo fió todo a aumentar el gasto, a tirar la casa por la ventana, a quemar las naves, a seguir exprimiendo a esas rentas medias que se ven empobrecidas para financiar su propia campaña electoral a base de pagas y subsidios.
Ahora, si bien podemos dar por seguro que los ciudadanos de las islas no se dejarán destellar por unas medidas de las que todo el mundo puede percibir su carácter electoralista, también habrá que estar atentos a si todo lo anunciado satisface las expectativas generadas por la propaganda o si acaba desembocando en frustración, como ya ha ocurrido con otras medidas aplicadas de forma improvisada como las ayudas al alquiler o la gratuidad de la educación 2-3, en las familias que no se acaben viendo beneficiadas y a las que cada día se les hace más difícil llegar a final de mes.
Si Armengol ha tomado este camino, hay que tener claro que no responde más que a la decisión de mantener su obediencia a Pedro Sánchez, que, pese a algunas rectificaciones como bajar el IVA al gas o a la luz, se niega a bajar impuestos para apostar también por esa política de gasto electoralista.
Porque era perfectamente posible bajar los impuestos en Balears. Armengol tramitará ahora unos presupuestos de la comunidad para el año que viene con un techo de gasto que alcanza los 6.000 millones de euros. Un incremento gracias a que, pese a que pierde los fondos COVID del año pasado, ingresa casi 1.000 millones más en impuestos, 953 millones para mayor concreción. Casi 1.000 millones más que salen mayoritariamente del bolsillo de rentas medias y bajas, de pymes y de autónomos, a causa de la inflación. ¿De verdad no se puede bajar impuestos?
Desde el Partido Popular pensamos que sí, que hay margen para ello. Que hay margen para reforzar el escudo social para aquellos que lo necesitan, que hay margen para reducir la deuda pública y que hay margen para bajar los impuestos a las rentas medias y bajas, bajándoles el IRPF, apostando por nuevas deducciones, eliminando el impuesto a la compra de vivienda a los jóvenes o eliminando el Impuesto de Sucesiones entre padres e hijos. Una reforma fiscal rigurosa y realista de 200 millones, perfectamente aplicable, especialmente si tenemos en cuenta esos 1.000 millones más vía impuestos.
Para mí, como han entendido tantos presidentes autonómicos de todo signo, este era el momento de devolver a los ciudadanos una parte de todo lo que ha salido de más de sus bolsillos a causa de la inflación, haciéndoles pagar menos, bajándoles los impuestos. Armengol ha preferido fiarlo todo a bonos y pagas para algunos, en vez de bajar los impuestos a todos los ciudadanos con rentas medias y bajas de Balears.