El dinero público no debería servir para intentar comprar el olvido de los desmanes de una legislatura que se hace interminable, aun cuando las dádivas se limiten a una operación propagandística con menguados resultados prácticos.
El gobierno de Pedro Sánchez, oculto tras los mundiales de futbol y las vacaciones navideñas, ha perpetrado una serie de cambios sustanciales en el ordenamiento jurídico para anunciar a continuación la apertura de la chequera con la finalidad de, dice la apabullante publicidad institucional, contener la inflación y apoyar a «la gente». Pero no parece lo más aconsejable venirse arriba cuando los fundamentos son de arcilla que se disolverá con las primeras lluvias de realidad. La rebaja del IVA de algunos productos representa en la cesta de la compra semanal de una familia media apenas dos euros, medida a la que se ha sumado de inmediato Francina Armengol con el anuncio de que el Govern vigilará que los establecimientos apliquen el nuevo IVA.
La exclusión de la carne parece responder a la cruzada del ministerio de Consumo, Alberto Garzón, Izquierda Unida- Podemos, contra la industria cárnica. En el capítulo de los absurdos, el descarte del pescado teniendo en cuenta que ese mismo ministerio recomienda su consumo al menos tres veces por semana; y la reacción de la diva del gobierno, Yolanda Díaz, aplaudiendo entusiasmada la decisión apenas unos días después de haberla descalificado con contundencia por ser la medida que quería el PP con la patronal y las grandes distribuidoras que pretenden ensanchar sus márgenes de beneficio. Sin despeinarse. La gran iniciativa estrella, el obsequio por una única vez de 200 euros a las familias necesitadas, 17 euros mensuales, que adquiere tintes de escarnio frente a los 400 que pueden recibir los jóvenes que cumplen la edad de votar. Frente a todo ello, la realidad: sólo la supresión del descuento en los carburantes – los profesionales del transporte todavía no saben cómo lo van a seguir percibiendo – suma unos diez euros por depósito de gasolina, además de los aumentos de otros precios que ha traído consigo el comienzo de año. La gratuidad del metro, tren y autobús remacha las «medidas anti crisis» y está por ver si el despliegue de propaganda no supera el coste de las mismas.
Pero todo vale cuando se dispone del incremento de dinero público que ha causado la misma inflación que se quiere atajar con tal de inducir al olvido de los indultos a los independentistas catalanes que atentaron contra la Constitución a quienes, sin solución de continuidad, se ha premiado con la supresión del delito de sedición y la rebaja de las penas por el de malversación, con el fin de que Oriol Junqueras y los demás puedan recuperar de iure el papel protagonista que ya ejercen de hecho. Los secesionistas no serán los únicos que verán aliviadas sus condenas por malversación. Como con la Ley del sí es sí. Con casi 140 delincuentes sexuales que han visto rebajadas sus penas y más de veinte excarcelados, dos de ellos en Baleares, la ministra Montero se mantiene en el sostenella y no enmedalla, «ojalá no hubiera sido así», ha dicho. Pero quiere el gobierno que no se le tengan en cuenta sus hechos y el silencio de Francina Armengol es sinónimo de apoyo sin fisuras a Pedro Sánchez.