Según el INE, entre 2017 y 2021 hubo en España 549 personas condenadas por un tribunal por el delito de prevaricación. Como se puede ver, no estamos ante un tipo penal que se cometa masivamente, ni que los juzgados investiguen de forma habitual, por más que muchos ciudadanos deciden acudir a la Justicia penal para resolver conflictos con la Administración. Cuatro consellers de Formentera, Alejandra Ferrer, Rafael Ramírez, Bartomeu Escandell y Paula Ferrer, han sido denunciados ante la Guardia Civil por la Asociación de Empresarios Usuarios de s'Estany des Peix, acusados de prevaricación. Comete este delito «la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo».
çSe castiga con inhabilitación por un tiempo de nueve a quince años. De lo que ha trascendido del contenido de la denuncia, se desprende claramente que estamos ante una desavenencia en el listado de barcas autorizadas a fondear en s'Estany des Peix. Seguramente, ante la proximidad de las elecciones, los empresarios no autorizados a fondear trasladan la disputa al ámbito penal, ignorando que este se rige por el principio de intervención mínima, y sólo actúa cuando no hay posibilidad de hacerlo por otros medios jurídicos. Obviamente, no es el caso, pero los denunciados ya tienen la pena del telediario. Igual que el caso ‘La vida islados', que el PSOE de Ibiza impulsa contra el presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí (PP). Este abuso del derecho sucede porque sale a cuenta. Si los juzgados, cuando se acuerda el archivo de la denuncia, castigasen a los denunciantes con una contundente multa económica, se les quitarían las ganas de aplicar la pena del telediario a los políticos.