L a ciencia evoluciona a pasos agigantados. Lo que hace pocos años era inimaginable, hoy en día no sólo es posible, sino incluso habitual. Los avances tecnológicos nos han permitido vivir mucho mejor. El agua corriente y la luz son elementos inherentes en la inmensa mayoría de las viviendas. Y, gracias a la investigación en materia de salud, la esperanza de vida se sitúa ahora en niveles antaño insospechados. Cada vez hay más enfermedades que tienen cura y, para las que todavía no hay, las medicinas permiten a quienes las padecen soportar mejor su carga.
Un claro ejemplo de ello son los tratamientos contra el cáncer. La gravedad de esta enfermedad precisaba de una actuación rápida de la ciencia y los investigadores han respondido y continúan respondiendo. Gracias a ellos, cada día se evitan fallecimientos antes irremediables.
Ciencia y medicina. Científicos y médicos. A ellos les debemos la vida. La nuestra y, en mayor medida, la de nuestros mayores. Por ello, cuando acudo a un hospital o a un centro de salud, quiero que me atienda un profesional, un médico. Y me es indiferente su sexo, su orientación sexual, el color de su piel o su nacionalidad. Y por supuesto, siempre que podamos entendernos, me da igual que me atienda en castellano, en catalán o en panocho. Lo que realmente me importa es que, si me duele algo, me diga qué es, si tengo que hacer reposo, quedarme en cama o tomarme una pastilla cada ocho horas. Si al doctor le gusta el fútbol, los peces de colores o vota izquierdas o derechas no es de mi incumbencia porque, si me encuentro mal, lo que necesito es que me cure.
Esta realidad, para mí imbuida de una lógica aplastante, parece que, para otros, es más que discutible. Es el caso del Gobierno de las Islas Baleares, cuyos integrantes, si enferman, no conciben ser atendidos por un médico que no les hable en catalán. O, al menos, eso pretenden que creamos los demás.
Su política se basa en esta simple premisa. Y sus consecuencias ya se han manifestado en Ibiza. Al exigirse un nivel B2 de catalán a los médicos para conseguir una plaza fija, muchos de ellos, que no habían superado en examen, han decidido marcharse. Tanto es así que, para toda la población, sólo hay un oncólogo. Eso sin contar con el déficit de cardiólogos, anestesistas o reumatólogos.
Para paliar esta situación, sin embargo, el Ejecutivo no ha tomado medida alguna, sino que continúa con su obsesión de implementar el catalán cueste lo que cueste. En concreto, cada una de las gerencias de los centros de salud de las Islas tiene una persona responsable del cumplimiento de la normativa lingüística. Y, además, se ha nombrado a un directivo del servicio de salud para servir de interlocutor con la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos.
Esta Oficina, como desgraciadamente ocurre con muchas de las instituciones con nombres rimbombantes, lejos de servir para la defensa de los derechos fundamentales, sirve para su indefensión, pues al estilo de lo que ocurría en los tribunales del Santo Oficio, basta una denuncia por no atender en catalán para que el gobierno balear abra un expediente a los médicos y enfermeros. Ya tendrá el expedientado la ocasión de explicarse más tarde. De momento, sirva esta medida para escarmentarle.
Esto, recordemos, es más o menos lo que le sucedió a Yolanda, una médico del centro de salud de Son Pisà, en Palma, que fue denunciada por la vía más oficial en estos tiempos, por Twitter, debido a que, según el twittero de turno, se había negado «a entender» (atender, para los que sabemos el aspecto que tiene un libro) a su madre de 79 años en catalán.
Al día siguiente, sin más comprobaciones que unos cuantos retweets y otros ‘me gusta', los pacíficos jóvenes de Arran escribieron en la fachada del centro de salud donde trabajaba la doctora la consigna de «Basta ya de agresiones lingüísticas». Y luego, algunos usuarios de la citada red social, todos al unísono, pregonaron el «derecho a vivir en catalán».
Por supuesto, el gobierno balear expedientó a la doctora. Para sus integrantes, la presunción de inocencia no existe. Y cuando días más tarde se demostró que Yolanda había tenido en todo momento una actitud correcta, de acuerdo a la normativa y la ética profesional, es decir, que la denuncia era falsa o, si se quiere, adulterada, nada importó. Carpetazo y aquí no ha pasado nada. ¿Y la víctima? La doctora que, según sus compañeros, estaba muy afectada. Bueno, ya se le pasará.
Cuando nos adentramos en el terreno de la salud, donde, en determinados supuestos, un diagnóstico o una decisión médica es determinante para salvarse o no, hablar del «derecho a vivir en catalán» me parece una irresponsabilidad colosal. Lo que queremos todos, primero, es vivir. Y luego ya discutiremos en qué idioma.
Necesitamos buenos médicos, con vocación de servicio, como son la inmensa mayoría. Por ello el catalán, si bien puede ser tenido en cuenta como mérito para optar por una plaza en Cataluña, Baleares o la Comunidad Valencia, nunca puede ser elevado a la categoría de requisito.
Con la salud no se juega. Y, en Ibiza, la actuación ha de ser inmediata.