Cuando faltan pocas semanas para las elecciones, los partidos políticos que han estado sesteando durante una legislatura entera, incluso algunos gobernantes durante dos, declaran la guerra al alquiler turístico ilegal y anuncian que perseguirán esta actividad como los soldados ucranianos persiguen a drones iraníes lanzados por el ejército ruso. El Ajuntament d'Eivissa acaba de descubrir, previo pago de 400.000 euros, que el precio del alquiler es desorbitado porque muchas de las viviendas se alquilan irregularmente a turistas. Rafa Ruiz y Aitor Morrás se enteran de algo que el resto de vecinos de la ciudad saben hace años. Y para hacer creer que el consistorio de Vila hace algo al respecto, el alcalde anuncia la creación de una unidad de la Policía Local para perseguir esta molesta y perniciosa actividad. Por tanto, no esperen resultados hasta dentro de un año o dos. Magnífico.
Si sumamos a esto los ímprobos esfuerzos de dos consellers del Govern, Iago Negueruela y Rosario Sánchez Grau, que fueron a Bruselas para denunciar que Airbnb está fuera de la ley, aunque no fueron recibidos por ninguno de los 27 comisarios de la Unión Europea, podemos hacernos a la idea de lo poco que se ha hecho en los últimos años para meter en vereda a quienes alquilan pisos y apartamentos a turistas, sin tener licencia para ello. Ahora todo son prisas, pero es una impostura.
Eso explica por qué la situación de la vivienda de alquiler es tan grave, tanto en Ibiza como en Mallorca. La Administración no ha hecho nada para resolver el problema y tampoco hay ninguna garantía de que lo que ahora se anuncia, a la desesperada y ante la proximidad de los comicios, realmente se hará. ¿Por qué deberíamos creer que quienes con su desidia e inacción han contribuido a agravar la crisis, la van a resolver? Los milagros a Lourdes.