Cuando hace unas semanas conocimos el caso de un profesor en Formentera que se iba a quedar sin piso donde vivir, porque el propietario de su vivienda le pone de patitas en la calle para alquilárselo a turistas, ya nos pareció un auténtico escándalo. Una sociedad que trata así a los docentes, es una sociedad que merece todo lo malo que le pueda suceder. Aquellos que poseen un piso, un apartamento e incluso una infravivienda, la alquilan al precio que les da la gana. E incluso aquellos que han logrado alquilar un piso de dos o tres habitaciones, arrendan alguna a precio de oro. Aquí todo el mundo hace negocio con la falta de vivienda asequible. Mucha demanda y poca oferta nos lleva a esta situación caótica que nadie parece querer revertir.
Los precios son desorbitados y las condiciones, draconianas. Ya ni siquiera basta ser funcionario público con un sueldo fijo cada mes. Los propietarios quieren la guita por delante. O pagas por adelantado o no hay nada que hacer. Las exigencias que plantean algunos caseros son una pura extorsión, amén de claramente ilegales y abusivas. Y no se libran ni siquiera médicos, enfermeras, profesores o policías. A los codiciosos les importa un bledo. Quieren sacar cuanto más dinero mejor, en el menor tiempo posible. La espiral es ya imparable y no sabemos dónde nos va a llevar, aunque se intuye que al colapso de los servicios públicos esenciales, porque ningún trabajador público quiere venir a las Pitiusas para dejarse gran parte de su nómina en costear una vivienda que, en muchas ocasiones, es una porquería. Pero no hay elección. El conseller de Educación, Martí March, al referirse al caso del profesor de Formentera, culpabilizó a los propietarios y se desentendió de la problemática. Como el problema no lo tiene él, pues qué le cuentan. Y así nos va.