No es en absoluto normal que las decisiones de un juez o de una jueza de instrucción irrumpan en las semanas previas a las elecciones. Si poco tiempo atrás, los socialistas –y también Unidas Podemos– reclamaban que los ciudadanos tenían derecho a ir a votar sabiendo lo que había declarado en el juzgado el presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí (PP); lo mismo se podría argumentar ahora que el citado a declarar como investigado en una causa penal por corrupción es el alcalde de Eivissa, Rafa Ruiz (PSOE). Pero ahora ya no lo dicen, con lo que ha quedado de manifiesto que lo de Vicent Marí es una cacería con fines electorales.
Las explicaciones que se pedían semanas atrás a la presidenta del PP de Balears, Marga Prohens, sobre lo que había hecho Vicent Marí con el vídeo promocional ‘La vida islados', ahora no se piden a la lideresa del PSIB-PSOE, Francina Armengol. No sólo no se piden, sino que se acepta como normal que la aspirante a la reelección como presidenta del Govern eluda opinar sobre la imputación del alcalde de la segunda ciudad más importante de la Comunidad Autónoma, que es tanto como eludir mostrarle públicamente su apoyo. Que lo haga Iago Negueruela..
EN PELIGRO
Que los clubes náuticos de toda España están en grave peligro de desaparecer, según se vayan terminando las concesiones, es algo que todo el mundo sabe. Que esto también lo saben los piratas que buscan hacerse con tan preciados espacios del dominio público portuario, para sacarles el máximo rendimiento posible, está a la vista. Y que la legislación actual juega a favor de los especuladores y en contra de la náutica tradicional, social y deportiva, que representan los clubes náuticos como el Club Náutico Ibiza o el Real Club Náutico de Palma, también en el ojo del huracán, es del todo innegable.
Que en Ibiza y en Baleares todos los partidos políticos estuvieron y están a favor de que el CNI siga en las instalaciones del Puerto de Eivissa que ha venido ocupando los últimos 98 años, es público y notorio, y está publicado en los diarios de sesiones. Pero también está claro, porque así lo han dicho los tribunales en distintas sentencias, que el proceso para otorgar una nueva concesión al CNI, en detrimento del resto de competidores que concurrieron a ese proceso, ha estado plagado de irregularidades graves. De ilegalidades que tanto el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) como el Tribunal Supremo han considerado inadmisibles. Y no una vez, ni dos, sino muchas. Y no se trataba de cuestiones formales, ni mucho menos.
ILEGALIDADES
En mayo de 2020, el TSJB anuló la concesión, condenando en costas a la Autoridad Portuaria de Balears (APB) por «haber sostenido la acción con temeridad». Ya en 2018, el mismo TSJB sentenció que la APB no había respetado «los principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia». Y es que son numerosos los acuerdos del Consejo de Administración de la APB, del que Rafa Ruiz es miembro, en que se ha beneficiado al CNI, algo que el Club Deportivo Básico Doce Millas ha recurrido ante los tribunales y donde ha logrado importantes triunfos. No porque su proyecto sea mejor que el del CNI, sino porque las cosas no se hicieron correctamente. La razón última de esta cadena de «negligencias» es lo que investiga la magistrada Martina Mora. Y esto es lo que deben aclarar los cargos públicos y funcionarios imputados en la causa. No si prefieren al CNI antes que a unos piratas especuladores foráneos.
Esa no es la cuestión. No insistan en ello porque es desenfocar la discusión y no servirá de nada, porque a la jueza no se le puede ir con discursos políticos, sino con justificaciones fundadas de las decisiones que se adoptaron. Y con explicaciones lógicas de las conversaciones mantenidas con otros investigados. Eso es lo que deberá responder Rafa Ruiz a la instructora, convencida como está de que los whatsapp que conocemos hasta ahora gracias a Periódico de Ibiza y Formentera, demuestran un compadreo y una complicidad entre la APB y el CNI que sugiere que el proceso estaría presuntamente amañado y el resultado, predeterminado para que ganase el CNI, sin que el resto de concurrentes tuviera la menor posibilidad.
Por último, hay que preguntarse por qué desde el PSOE se cierra filas con Rafa Ruiz ante su imputación, pero no se hizo lo mismo con el entonces presidente de la APB, Juan Gual de Torrella, cuando fue detenido en julio de 2020, junto a otros directivos. ¿Por qué no manifestaron su apoyo y el convencimiento de que habían actuado en defensa del interés general? Lo dejaron a los pies de los caballos sin importarles nada, condenados de antemano por sus socios del Govern, Podemos y Més.
El vicepresidente Juan Pedro Yllanes se regodeo con la destitución de Gual de Torrella tras la reunión del Consell de Govern, diciendo que, si de él hubiera dependido, «esta decisión se habría tomado antes». ¿Qué opina ahora Yllanes, que es miembro del Consejo de Administración de la APB, que debe hacer Rafa Ruiz? ¿Debe abandonar ese Consejo tras su imputación, como reclama Marta Díaz? ¿Debe dimitir del cargo de alcalde de Vila? ¿Debe renunciar a ser el candidato del PSOE y no optar a un tercer mandato? ¿Seguirá Aitor Morrás, concejal de Podemos en Vila, dando su apoyo a un alcalde imputado por corrupción?