Que la presidenta del Govern, Francina Armengol, estaba implicada políticamente en que el Club Náutico de Ibiza (CNI), lograse la concesión de la dársena del puerto de Vila que viene ocupando durante casi un siglo, está fuera de toda duda porque ella misma así lo dijo en febrero de 2016, en pleno proceso de concurrencia de proyectos convocado por la Autoridad Portuaria de Baleares (APB). Sus palabras exactas, pronunciadas durante la celebración del 90º aniversario del Club, fueron: «Un compromiso final: como presidenta de las Islas Baleares, yo me dejaré la piel para que cada año podamos asistir al aniversario de este Club Náutico y que hagamos al menos 90 años más». Su compromiso fue explícito y público. De hecho, el presidente de la entidad, Joan Marí, al comenzar el acto, agradeció la ayuda de las instituciones: «Nos están ayudando mucho, todas, de todos los colores», destacó. Nadie tenía entonces la menor duda de que el proyecto del CNI contaba con el respaldo del Govern y personalmente de la presidenta Armengol.
A decir verdad, contaba con la bendición no sólo del Govern sino también del Parlament, Congreso de los Diputados, Consell d'Eivissa y Ajuntament d'Eivissa. Eso ni prueba que se haya cometido delito alguno, ni puede ser justificación de la menor irregularidad de las que la Justicia investiga sobre aquel proceso. Pero este abrumador y unánime apoyo político al CNI, sumado a las sentencias del TSJB y del Tribunal Supremo, rectificando las decisiones de la APB relativas al CNI, suponen un indicio sólido para los investigadores, que les lleva a continuar sus pesquisas durante casi tres años, aunque sea con una lentitud exasperante. Lo más alucinante es que con tamaño apoyo político y social, los partidos no fuesen capaces de modificar la ley para garantizar la continuidad de los clubes náuticos.