El mismo día que un periódico mallorquín publicó la noticia de que tanto el programa del PP como el de Vox coincidían en su pretensión de suprimir la denostada, inútil y carísima Oficina Anticorrupción de Baleares impulsada hace ocho años por los partidos del ‘Pacto de La Conga' para mortificar en vida al PP y tapar sus propios escándalos, que a la vista de los telediarios de la semana pasada, no son poco ni menores, hubo multitud de líderes políticos (es un decir) que incendiaron las redes sociales, denunciando tal supresión. Era «toda una declaración de intenciones», dijeron. Días más tarde, la Guardia Civil entró en el Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia para registrar el departamento de Urbanismo. Detuvieron al alcalde en funciones, socialista por más señas, Ángel Luis Guerrero, y a la asesora legal de esa área municipal. También a dos abogados urbanistas y a un constructor.
Todos aquellos que se rasgaban las vestiduras por «toda una declaración de intenciones», ante una operación judicial contra la corrupción urbanística, no se han molestado en escribir un mísero tuit. Es lógico, porque este presunto caso de corrupción ahora afecta a PSOE y Unidas Podemos, que son quienes en los últimos cuatro años han gobernado el consistorio ‘josepí'. Los azotes del PP en materia de corrupción ahora no han abierto la boca, lo que demuestra claramente que a ellos la corrupción les importa entre poco y nada, en especial si el presunto corrupto es de izquierdas. ¿Ustedes han leído algún comunicado de Ara Eivissa, Podemos Eivissa, Esquerra Unida d'Eivissa i Formentera? Ni lo han leído ni lo leerán. Recuerden esto cuando les pidan el voto. O cuando lean los tuits de Antonio Lorenzo, Milena Herrera, Artur Parrón, Fernando Gómez, Viviana de Sans, Aitor Morrás, Joan Ribas, Juanjo Ferrer, Guadalupe Nauda, etc. Una tropa de insignes impostores.