Un año más las denominadas «festes de la terra», se han celebrado en Eivissa. Dos fechas son importantes en esos días de celebración, el cinco y el ocho de agosto. En este último caso, se celebra y se conmemora la conquista de nuestra isla por parte de las fuerzas catalanas, encabezadas por Guillem de Montgrí, hasta entonces en manos árabes.
El ocho de agosto es un día de celebración por razones meramente históricas, pero política y tradicionalmente es también un día de reivindicación de insularismo. En los discursos institucionales del citado día, se exaltan los indudables valores insulares y resulta prácticamente obligatorio mostrarse reivindicativo en cuanto a lo que nuestra isla merece y persigue, o al menos debería perseguir.
En el homenaje a Guillem de Montgrí antes citado, hay dos cuestiones que son más que seguras, por la época del año en cuestión, una es inevitable, el tremendo calor al que se ven sometidos todos los que participan en el acto de homenaje; la segunda, no es otra que el necesario discurso del President del Consell Insular, reclamando de las autoridades autonómicas y estatales todo aquello a lo que los insulares tenemos derecho y que por algún motivo no está en nuestras manos.
De nuevo este año ha tenido lugar el homenaje y por supuesto el discurso. En esta ocasión el grueso de la intervención del President, se ha centrado en la lucha contra la actividad ilegal en general. La lucha contra la actividad de alquiler ilegal de viviendas, la movilidad terrestre pirata y determinados comportamientos incívicos y de excesos, han centrado la reclamación del máximo responsable político de la isla.
Sinceramente, creo que hay que estar de acuerdo cuando se reclama una mayor contundencia en la lucha contra la actividad de alquiler turístico ilegal. Sin duda hace falta una mayor contundencia en cuanto a los castigos previstos en la normativa, así como una mayor agilidad en la tramitación de los expedientes sancionadores. De todos es sabido, que buena parte de esa actividad ilegal, la desarrollan grandes corporaciones con sede fuera de nuestra isla y diversos tipos de fondos buitres, teniendo ambos como único objetivo, el rápido y fácil enriquecimiento.
Pero sinceramente, da la sensación de que de alguna manera se ha pasado solo por encima del que realmente es el más grave y urgente problema a resolver y que indudablemente va ligado a esa actividad ilegal, el acceso a la vivienda. Esta cuestión va ligada a los inasumibles alquileres, a la masificación en numerosos puntos de la isla, a la falta de personal para atender correctamente a los miles de visitantes que recibimos, al caos circulatorio y curiosamente también a la reciente preocupación de los hoteleros por un volumen de reservas, inferior al esperado.
Y es en lo relativo a la solución del problema de la vivienda, donde me ha parecido que faltaba contundencia en la reclamación. Así mismo la respuesta que la Presidenta de Baleares ha apuntado, deja mucho que desear, ya que a lo único que se ha comprometido hasta la fecha y que conozcamos, es a dar más seguridad a los propietarios de viviendas en general, para que las pongan en el mercado de alquiler. Nada sobre los precios de esos alquileres abusivos, ni del posible control de los mismos, ni de los derechos de cualquier ciudadano a disponer de una vivienda digna.
Por otro lado, también cabe resaltar la tibieza en la reivindicación de algo que ya hace diversas legislaturas que todos los partidos políticos vienen defendiendo en sus programas electorales, pero que ninguno mueve ficha cuando está en los diversos órganos de gobierno, me estoy refiriendo al traspaso del ciclo integral del agua a los Consells Insulars. Que la única mención que se haga, sea la afirmación de la voluntad de avanzar en la gestión del ciclo del agua, es exactamente lo mismo que decir, aquí no va a pasar nada y seguiremos igual que siempre.
Tampoco hemos podido escuchar nada en relación a la necesidad de la urgente resolución de un agravio presupuestario perpetrado anualmente desde Mallorca y en contra del resto de islas, como es el ridículo e injusto presupuesto que desde el Govern se viene destinando a nuestra isla, para una correcta gestión de la movilidad terrestre. Sigue siendo abusivamente injusto que más de 112 millones de euros al año, del presupuesto de la Conselleria de Movilidad vayan a parar únicamente al transporte terrestre de Mallorca.
Tampoco está muy claro lo que pueda ocurrir con el tema de la limitación de entrada de vehículos a la isla, ya que a pesar de que la Presidenta del Govern, parece mostrarse a favor de ella, ya se ha levantado la voz de alguno de sus Consellers, mostrándose absolutamente en contra.
En resumen, que las reivindicaciones en el discurso, han sido claramente escasas e insuficientes. Hará falta mucha más contundencia y convicción a la hora de reclamar.