Por respeto a los electores, los tratos para la constitución de la Mesa del Congreso y para una posterior investidura no deberían ser como una partida de truc en la que prima el engaño y la capacidad de disimulo. La discreción a la que se apela equivale a ocultación y no se juega la convidada de los contendientes sino algo mucho más trascendental, el destino de los votos emitidos el 23 de julio. Feijóo y Sánchez están obligados a la transparencia que casi nunca se les cae de la boca.
De la misma forma que no supimos que para ser presidente Pedro Sánchez había pactado los indultos a los golpistas catalanes, la supresión del delito de sedición y la modificación del de malversación, además de otras cesiones a la extrema izquierda y al independentismo vasco, ahora tampoco sabemos qué ponen los socialistas sobre la mesa para ganarse el favor del prófugo, Carles Puigdemont, que no esconde, él no, sus pretensiones: amnistía e independencia de Catalunya. Las primeras señales son harto preocupantes: el gobierno ha movilizado a la Fiscalía para recurrir la decisión del Tribunal Constitucional de no admitir la demanda de amparo de Puigdemont y del ex consejero también huido Toni Comín en relación con la orden de detención nacional cursada por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Si no hay rubor alguno en convertir a la Fiscalía y al Constitucional en peones de la estrategia política de Sánchez, hasta dónde no estará dispuesto a llegar con tal de mantenerse en el poder.
Para la izquierda se trata de gobernar desde una «visión progresista de izquierdas». Lo ha dicho Francina Armengol (a pesar de fiascos como el de la planta de hidrógeno de Lloseta, sus aplaudidores la promocionan a la presidencia del Congreso o a un ministerio) al recoger su acta de diputada, ante lo que es lícito interrogarse qué hay de izquierdas en el post pujolismo desencadenado del JuntsxCat de Puigdemont o en el PNV del Dios y Ley vieja. Otro diputado que va a dar tardes de gloria es Vicenç Vidal. Tras obtener su acta por Sumar Més, se considera a sí mismo «un diputado estratégico para Balears». De poder formar gobierno Pedro Sánchez, estará en condiciones de demostrarlo: tan ajustadas van a estar las votaciones que puede hacer de diputado canario y poner las condiciones que resuelvan al menos una parte de los problemas de Balears. No ocurrirá. Como el resto, se someterá a la disciplina de voto. La defensa de los intereses de Balears no va más allá del comodín al uso.
Feijóo y el PP, por su lado, pueden tener atados sus 172 votos, a cuatro de la mayoría absoluta, con el apoyo de Vox, que ya no exige contrapartidas al estar embarullado con su crisis existencial que pone el control del partido en manos del integrismo católico y su sector más ultramontano y firma su sentencia hacia la irrelevancia; y con el diputado de UPN y la representante de Coalición Canaria, que quiere negociar la «agenda canaria», cuyo contenido concreto se desconoce pero que en ningún caso atenta contra los pilares de la arquitectura constitucional española, como sucede con los posibles aliados de Pedro Sánchez. Patxi López (PSOE): «al PP y a Feijóo poco les importa lo que firman y el precio que pagan con tal de estar en el poder». Algo confuso debía de andar el hombre.