Decisiones incorrectas y peligrosas

Ahora que estamos en la recta final de la temporada estival podemos empezar a analizar cómo ha transcurrido la misma desde varios puntos de vista. Lo que parece claro es que un verano más hemos estado padeciendo exactamente los mismos problemas que durante el verano del año pasado. Para ser realistas se puede afirmar que la situación ha empeorado.
Un verano más hemos tenido que sufrir interminables atascos en nuestras carreteras. A ello se ha sumado el tremendo caos que ha supuesto llegar y salir de nuestro aeropuerto, agobiantes aglomeraciones de gente en diversos puntos de la isla, numerosas empresas y comercios turísticos con problemas para contratar el personal necesario con el que completar sus plantillas, miles y miles de turistas que se alojan en establecimientos ilegales, los taxis piratas que a pesar del aumento en el numero de sanciones, se siguen multiplicando y cómo no, el principal y gran problema, la vivienda a un precio asequible.
En estas circunstancias cabe señalar que en cuanto a la posible solución de todo ello poco cabía esperar de un gobierno progresista saliente, dada su aparatosa derrota en las elecciones de mayo; mientras que también parecía claro que la derecha que había resultado vencedora en los citados comicios tampoco llegaría a tiempo para aprobar nuevas medidas o propuestas. Por lo tanto, éste está siendo un nuevo verano cargado de problemas sin una solución a la vista y tan solo queda esperar a que se empiecen a tomar medidas encaminadas a que la situación pueda ser distinta en la temporada de 2024.
Ahora bien, a la vista del escenario que acabo de exponer y teniendo en cuenta las primeras propuestas del nuevo Govern que se empiezan a conocer yo no me atrevería a afirmar que el verano del próximo año vaya a ser muy distinto del actual en cuanto a la mayoría de conflictos y problemas antes mencionados.
Vayamos por partes. En cuanto a las medidas anunciadas desde Palma y las peticiones de determinadas organizaciones y colectivos hechas al Govern cabe recordar en primer lugar el decreto de emergencia habitacional anunciado por el Ejecutivo de Prohens, que como ya dije en su momento tendrá escasa incidencia en Ibiza y Formentera, además de que ninguna de las medidas que se recogen en el mismo va a ser de inmediata ejecución y mucho menos de rápida efectividad.
En estos últimos días, se ha conocido otra brillante idea de la consellera de Vivienda del Govern, de la que lo mínimo que se puede decir, es que es realmente una idea insensata. Acaba de proponer reducir el precio de los materiales para la construcción de viviendas VPO, con la supuesta intención de poder construir más viviendas con la misma cantidad de dinero disponible. Menudo peligro que supone la consellera Vidal.
Lo cierto es que por mucho que lo quiera disfrazar su propuesta tendría una consecuencia directa, que no es otra que empezar a construir VPO de peor calidad que las actuales. Y si tenemos en cuenta que las actuales ya no resultan ser de primerísima calidad podemos acabar viendo cómo se adjudican a nuestros ciudadanos viviendas de tercera categoría. Demencial la nueva propuesta de la señora Vidal.
Por otro lado, tenemos la última petición que desde las asociaciones de viviendas turísticas de Baleares se ha hecho al Govern balear. Pretenden los responsables de las organizaciones que explotan ese tipo de viviendas que en la nueva ley turística que se pretende redactar y aprobar desde Palma se contemple la legalización de miles y miles de nuevas viviendas destinadas a ese sector para su explotación turística.
Con toda seguridad, a nadie sorprendería que desde el Govern se aceptara tal aberrante propuesta. Y tacho de aberrante la idea por el simple hecho de que siendo posiblemente la principal causa del problema de la vivienda en nuestras islas, un exceso de viviendas que se explotan turísticamente y que, por lo tanto, se sustraen del conjunto de viviendas que se puedan poner a disposición de residentes y trabajadores de diversos sectores, que necesitan pasar la temporada en nuestra isla. Todo ello sin contar con el elevado número de viviendas que en ese sector se están comercializando ilegalmente.
Mucho mejor harían las consellerias de Vivienda y Turismo en ponerse a trabajar decididamente en tomar las medidas oportunas para controlar el indecente precio de los alquileres por una parte y perseguir y controlar el perverso sector de la vivienda vacacional. Baste recordar una cifra ofrecida desde el propio Consell d'Eivissa: durante los meses de verano un mínimo de 100.000 personas pernoctan en nuestra isla en algún establecimiento no regulado. Cuánto trabajo queda por hacer en materia de vivienda y regulación turística.
Y no olvidemos que más pronto que tarde Vox empezará a exigirle al PP el cumplimiento de su acuerdo. Negro panorama.