Los hoteleros de Ibiza y Formentera han pedido al Govern que, entre las modificaciones de la Ley General Turística, se incluyan medidas para acabar con la oferta turística desviada del mercado residencial. Ibiza tiene ahora mismo unas 80.000 plazas hoteleras legales. Un número más que suficiente para que la gallina de los huevos de oro funcione en condiciones y nos beneficie a todos. La oferta de pisos turísticos afecta al sector pero, sobre todo, destroza a la sociedad. La ambición de los propietarios es la que nos ha llevado al cul de sac en el que ahora nos encontramos con el tema de la vivienda.
No hace falta ser muy listo para entender que si la oferta residencial se traslada a la turística, te quedas sin pisos para alquilar a los residentes y a los trabajadores que vienen a hacer la temporada. Pero tampoco hace falta ser muy listo para entender que si no recalificas suelo para vivienda libre, la cosa se complica aún más. Esto no se resuelve construyendo vivienda protegida. Y menos aún viendo el ritmo al que se tramita. Les recuerdo que en ocho años, el Govern progresista, el supuestamente preocupado por el ciudadano medio y por el vulnerable, solo entregó en Ibiza 87 pisos. En el resto de islas la cosa no fue mucho mejor.
Hacen falta valientes que tomen medidas que serán, es verdad, impopulares pero que resolverán el problema de la vivienda. No basta con multar a quienes alquilan ilegalmente sus pisos en plataformas como Airbnb. La mejor demostración de que esas sanciones no sirven de nada es que esas mismas plataformas siguen llenas de pisos para alquiler turístico. Hay que ser contundente y expeditivo. Si alquilas tu piso ilegalmente, te lo expropio. Eso es defender el interés general. Lo demás, cuentos chinos.