La esperada modificación del PTI nace con un beneplácito electoral reforzado, a diferencia de lo que hizo la izquierda en 2019 que lo modificó con nocturnidad y sin acuerdo a 10 días de perder las elecciones. Las medidas más relevantes se centran en el uso de vivienda en parcelas segregadas, el aprovechamiento de los sótanos o la prohibición del uso turístico en el suelo rústico.
Por mucho que le pese al todavía conseller, Pep Ribas ‘Agustinet', ha sido un gobierno de derechas el que ha eliminado de un plumazo de presión turística en suelo rústico. Lo de «turistificar el campo» quedó en una amenaza de campaña que ni funcionó, ni se ha materializado. A pesar de prohibir el alquiler turístico en la práctica totalidad del campo ibicenco, el Consell ha permitido que los propietarios que tengan la desgracia de tener su casa en ANEI puedan sacar algún rendimiento económico para mantener la finca, siempre que vivan en ella, se trate de una casa payesa anterior al 1956 y durante un máximo de 60 días.
Respecto al uso de los sótanos, se amplía el número de supuestos en los que se podrá disfrutar de un aprovechamiento urbanístico sin que éste compute metros de ocupación (siempre que no exceda de la huella de la casa). Pero la gran novedad ansiada por la gente del campo es el nuevo régimen de segregaciones que permitirá el uso de vivienda cuando una finca se divida para un hijo, un nieto o un sobrino. Además, el hecho de tener un elemento fuera de ordenación en la finca matriz no será un obstáculo para poder obtener la licencia de segregación que hasta ahora apresaba injustamente a muchas familias.
Después del reglamento de simplificación administrativa, este es un paso en la buena dirección hacia una indemorable y necesaria revisión integral del PTI.