Mucho se ha hablado este año de la huelga de letrados de la Administración de Justicia, que paralizó los juzgados y tribunales de media España durante los meses de enero a marzo, como también de la amenaza de huelga de jueces, magistrados y fiscales, que no llegó a materializarse por la rápida reacción del Gobierno, que ofreció a los titulares de la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y a los integrantes del Ministerio Fiscal un aumento salarial, escalonado y escaso, eso sí, pero, al fin y al cabo, una mejora de sus condiciones. Aunque el Gobierno todavía no ha cumplido su promesa.
De lo que no se habla o, mejor dicho, de lo que se ha hablado muy poco es de la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia que éstos habían convocado, de forma indefinida, el pasado día 22 de mayo, y que, a la vista de que el Ministerio de Justicia les hacía caso omiso, como si no existiesen, decidieron ponerle fin a principios de julio, con el aviso de que retomarían el pulso cuando, celebradas las elecciones y constituidas las Cortes Generales, saliera elegido el nuevo Gobierno.
Y es que, si el Ministerio ha negociado con jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, pero se ha negado a hacerlo con los funcionarios, cuando muchas de sus reclamaciones iban en sintonía con las de aquéllos, no puede sino concluirse que esto se debe a un manifiesto desprecio por parte de dicho Ministerio a quienes integran los distintos cuerpos funcionariales y a su labor.
La Justicia no funciona sola, aunque su automatización en muchos ámbitos parece que sea el sueño del legislador. La Justicia requiere de medios personales, de jueces, de fiscales, de letrados de la Administración de Justicia y, por supuesto, de funcionarios, de gestores y tramitadores procesales y de auxilios judiciales, que son quienes tramitan las causas, realizan las citaciones y se encargan de buena parte del trabajo en los juzgados y tribunales. Esa labor que no sale en los medios de comunicación, que no interesa cuando se habla de la condena o de la absolución de quien quiera que sea noticia, pero que es esencial para el funcionamiento de la Administración de Justicia, pues sin ella no habría condenas, ni absoluciones, ni causas, ni juicios. Es decir, todo se derrumbaría como un castillo de naipes.
Esta es la realidad, le pese a quien le pese, al ministro o al político de turno. Por ello, menospreciar el trabajo de muchos de los cuerpos sobre los que descansa la Administración de Justicia no sólo es una intolerable falta de respeto a los que integran los mismos, sino una absoluta irresponsabilidad de quienes, por deber y por nómina, tienen la obligación de trabajar parar lograr una justicia más rápida y eficaz.
Las recientes (y no tan recientes) leyes aprobadas han otorgado más competencias a los funcionarios de justicia, pero esto no ha ido acompañado de un aumento salarial. Algo incomprensible porque, para cualquiera que piense con lógica, más responsabilidad y más trabajo deben conllevar mayor sueldo. Pero, además, estas leyes tampoco han delimitado de forma clara las competencias de todos los cuerpos funcionariales, ni entre ellos, ni con los letrados de la Administración de Justicia, que tienen encomendada la dirección de la Oficina Judicial.
Esta situación crea problemas y desigualdades que se han ido resolviendo en los juzgados como mejor se ha podido, sin medios, pero con buen hacer. Que es de la forma en que funcionan los tribunales, con el trabajo y el esfuerzo de todos aquellos que prestan allí sus servicios.
La informatización, en muchos lugares, es todavía una quimera. El sistema de videoconferencias, un desastre, hasta el punto de que han de suspenderse juicios porque no es posible contactar a distancia con el declarante. Los medios materiales, como los altavoces, utilizados, entre otras cosas, para escuchar las exploraciones de los menores en fase de instrucción, inexistentes en más de un edificio judicial, siendo que, en ocasiones, han de ser las partes, o incluso el juez, quienes presten su ordenador personal para reproducir el sonido y la imagen. Y un largo etcétera de despropósitos protagonizados por el actual y por los anteriores ministerios de Justicia, sin importar el color, más centrados en el maquillaje que en el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia.
Por esto quiero romper una lanza en favor de los funcionarios de justicia, reconociendo su encomiable labor para que todo funcione, pese a los atropellos a que son muchas veces sometidos, como el ejecutado este año por quienes, por turno electoral, ocupan hoy los asientos del bonito edificio situado en la madrileña calle San Bernardo.
«Sillón de mis entretelas, mi despachito oficial…», cantaba Luis Eduardo Aute.