Seguro que la mayoría hemos podido leer en los periódicos, escuchar por la radio y ver en la televisión, todo tipo de declaraciones y valoraciones relacionadas con los primeros 100 días de gobierno de los que salieron de las últimas elecciones autonómicas y locales. Sinceramente, creo que se trata de una costumbre actualmente innecesaria y que en muchas ocasiones ni se respeta, más si tenemos en cuenta el sentido que actualmente se le da a esa tradición de los 100 días de cortesía.
La historia de los 100 días tiene su origen en 1933, año en el que Franklin Delano Roosevelt asumió la presidencia de los EE.UU., lo hizo en medio de una terrible crisis económica y social, que incluso podía poner en peligro la democracia en el país. En esos aproximadamente primeros 100 días de su mandato, consiguió aprobar alrededor de 15 leyes que permitieron al país contener la debacle y poder iniciar la salida de la tremenda crisis.
Desde entonces se instauró la tradición de hacer la valoración del trabajo que los gobiernos salidos de las elecciones, son capaces de desarrollar en sus primeros 100 días de gestión. Afortunadamente la situación de crisis que se vivía en EE.UU. en 1933, nada tiene que ver con lo que se puedan encontrar hoy los gobiernos en los ayuntamientos, consells y Govern. Por todo ello, parece claro que las valoraciones que se hacen a día de hoy, tanto por parte de los gobernantes como por la oposición, tienen poco valor real.
En la mayoría de casos, lo que se viene haciendo es poner en marcha alguna de las promesas o compromisos más llamativos utilizados durante la campaña electoral, para intentar demostrar mayor efectividad de la que demostró el equipo de gobierno anterior y, en el caso de la oposición evidentemente se va a criticar cualquier cosa que se haga o se diga desde el gobierno, independientemente de que ello suponga reclamar aquello que ellos mismos no hicieron cuando gobernaban.
Si nos ceñimos al ámbito local y a lo que al Consell Insular se refiere, su presidente también ha hecho ya valoración de esos primeros 100 días de gobierno y, precisamente en casos como el del Consell, resulta todavía más absurdo lo de los 100 días de cortesía. En primer lugar, no se trata de un nuevo gobierno insular, ya que ha estado gobernando los cuatro años pasados. Tampoco ha habido revolución en su composición, dado que la mayoría de sus componentes se mantienen en sus cargos.
Por ello no es de extrañar que lo que más destaque el Presidente Marí de sus primeros meses de gobierno en esta nueva etapa, sean cuestiones relacionadas con decisiones adoptadas por el nuevo, este sí, Govern Balear. Lo primero que destaca, es su convencimiento de que actualmente, cualquier cosa que se pida desde nuestra isla, será inmediatamente tramitada y puesta en marcha desde Palma. Dice que ahora sí, el Govern le escucha.
Para avalar esta última opinión, Vicent Marí cita dos cuestiones que han sido recientemente aprobadas por el Govern y que afectan directamente a nuestra isla. La primera, es la modificación normativa que permitirá la clausura y precinto de aquellas viviendas turísticas ilegales que se detecten. Se trata de una decisión que por mi parte aplaudo, pero que en realidad no requería de demasiado trabajo para hacerla realidad, tratándose básicamente de una decisión de carácter político. Veremos ahora si esta modificación normativa surte el efecto deseado. Para ello, será necesario que desde Eivissa se ponga a trabajar a un número suficiente de inspectores, para localizar a esas miles de viviendas que se alquilan ilegalmente y procedan a su precinto inmediato, para que se frene al instante, el rendimiento económico que su propietario está obteniendo de esa actividad pirata. Veremos qué ocurrirá el próximo verano.
Lo segundo es la contratación de más de veinte especialistas médicos para nuestro hospital Can Misses, entre ellos un par de oncólogos, tan necesarios en nuestra isla. Este incremento de especialistas, que es de aplaudir por supuesto, en ningún caso se debe al motivo que Vicent Marí esgrime. Según él, los médicos vienen ahora con más facilidad, por la eliminación del catalán de la sanidad pública.
Es falso, de entrada por que ya se aprobó en la pasada legislatura, que si los especialistas que hubiera para cubrir alguna vacante, no tenían el catalán, se les eximiría de ese requisito. Por lo tanto, el catalán no era ni es el problema. Van a llegar de golpe más de veinte especialistas, atraídos por ejemplo por los 20.000 euros más que cobraran al año los oncólogos, recibiendo el resto también importantes incrementos salariales. Por lo tanto, no era un problema de catalán, era una cuestión de dinero.
No podemos olvidar que en la pasada legislatura, ya se produjeron sustanciales incrementos salariales a los profesionales de nuestra sanidad, pero acabó siendo insuficiente. Esperemos que en esta ocasión la aceptación dure algo más. Por cierto el pasado Govern dijo que no existía un problema de dinero, siendo así, ¿por qué no se hizo esta oferta antes?