Tras otro exitoso verano, los principales clubes y discotecas cierran sus puertas. Con ellos la gran mayoría de hoteles, restaurantes, comercios y todo tipo de servicios. Muchos aprovecharán para acometer obras de reforma o reparación. La otra Ibiza se abrirá paso, tras una temporada extenuante.
Para la temporada próxima se prevé que haya sido aprobada la nueva normativa contra el turismo de excesos que prepara la Conselleria de Turismo del Govern. Se ha constatado la ineficacia del decreto aprobado en enero del año 2020 y su gran eficacia para desprestigiar y estigmatizar determinados destinos turísticos que, por muy diversas causas y desde mucho tiempo atrás, resultan atractivos para algunos visitantes que persiguen el desfase a base de alcohol y drogas; pero que lo mismo les da estar en Sant Antoni, Magaluf, Playa de Palma o en Pernambuco.
El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, anunció en el Parlament que el nuevo decreto contra el incivismo se denominará ‘decreto de Turismo Responsable' y promoverá «medidas contundentes» para luchar contra este fenómeno tan nocivo como indeseable, que hasta ahora no ha habido forma de erradicar.
La principal razón de este fracaso radica en la falta de medios para frenar a quienes sólo les interesa el desfase y les importa poco si perjudican. ¡No calibran ni si lo que hacen les perjudica o les pone en peligro a ellos mismos…!
El exceso en el consumo de alcohol por parte de grupos de turistas, muchos de los cuales ya vienen ebrios desde sus países de origen y embarcan en los aviones borrachos –donde siguen bebiendo sin parar y a menudo protagonizan incidentes a bordo–, es el origen de numerosos problemas de convivencia y de orden público.
Beben como si no hubiera un mañana en la vía pública. Compran el alcohol en supermercados y tiendas que no los tienen que soportar con la cogorza. El botellón lo hacen en la playa o en la calle, porque en cualquier discoteca, pub o bar de copas, cuando no están en condiciones, dejan de servirles y les enseñan la puerta de salida.
El consumo de alcohol en la calle, por más prohibido que esté, es una constante y no hay medios para combatirlo ni para sancionar a la multitud que disfruta del botellón, amenizado con la música a todo volumen que sale de enormes altavoces enlazados por bluetooth a sus móviles. Si molesta a los viandantes o a los vecinos, que se fastidien.
No hay policías suficientes para acabar con este lamentable espectáculo. La problemática del acceso a la vivienda impide que las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil estén al completo. No se cubren ni la mitad de las plazas que contempla el catálogo de las unidades operativas. ¡Como para ponerse a identificar y denunciar a todos los turistas borrachos que hacen botellón en los núcleos turísticos!
El jueves pasado, durante la celebración de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, la dificultad de acceder a una vivienda por parte de los funcionarios estuvo muy presente. Se refirieron a ella el comandante jefe de la compañía de Ibiza, Juan Carlos González; el director insular de la Administración General del Estado, Enrique Sánchez; y el presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí. El problema está perfectamente identificado, el diagnóstico hace años que está sobre la mesa, pero seguimos sin un tratamiento efectivo que, necesariamente, pasa por mejorar las retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que trabajan en las Pitiusas, a través de una indemnización de residencia que realmente permita hacer frente al alquiler de un apartamento. Es el Gobierno de España quien debe resolver este asunto.
El turismo de borrachera es un problema de seguridad ciudadana y de cumplimiento de las leyes. Y sin agentes de la autoridad que vigilen y las hagan cumplir, no hay nada que hacer. Si no se acaba con los botellones en la calle, no habrá forma de dejar atrás un turismo nocivo y pernicioso, que afecta negativamente al sector turístico y al conjunto de la sociedad.