Consciente de que el electorado de centroderecha ya tiene claro que constituye el principal obstáculo para el relevo de la izquierda en el poder, Vox se aferra a sus obsesiones, aunque sea a costa de hacer un enorme daño a la credibilidad del Govern, lo que parece no importarle.
Esta es la medida de la responsabilidad de la ultraderecha, incapaz siquiera de mantener la cohesión interna porque, incluso en sus filas, los hay con un poquito más de sentido común, aunque hayan sido depurados por el ala más radical.
Escuchar los exabruptos y amenazas de Vox produce sonrojo a quien entiende mínimamente cómo funcionan los centros de enseñanza.
El objeto de los ataques es el conseller Antoni Vera, bajo sospecha de la extrema derecha desde su nombramiento, pues su pecado original es el de ser licenciado en Filología Catalana, algo que no le perdonan. Naturalmente, para los exaltados de Vox lo ideal hubiera sido que el conseller fuera profesor de Formación del Espíritu Nacional.
Somos bastantes los opinadores –y no precisamente de izquierdas– que creemos que Marga Prohens ha de poner coto a este tipo de chantajes. Hay que cumplir los compromisos adquiridos, claro, pero dentro de la ley y no provocando aún más división social.
Las familias tienen derecho a elegir el modelo y el centro educativo de sus preferencias, ya sea por razones ideológicas, pedagógicas, religiosas o, por qué no, lingüísticas. Ahora bien, a lo que no tienen derecho –ni en virtud de tratados internacionales, ni de la constitución, ni de ninguna ley– es a la escuela a la carta. Los padres han de elegir de entre las propuestas existentes aquella que más se adecúe a sus deseos, pero no pueden pretender imponer a los centros cómo deben hacer su trabajo, en qué lengua han de impartirse las asignaturas o qué contenidos han de tener las materias. Eso no les corresponde.
Las repetidas sentencias sobre la impartición de clases en castellano dictadas por el TSJ de Cataluña y por el Tribunal Supremo únicamente obligan a la Administración a que garantice que haya una oferta suficiente de plazas en las que, como mínimo, se imparta un 25 % de la carga lectiva en castellano.
El propio PSIB estaba de acuerdo en este planteamiento y, de hecho, Martí March se comprometió la pasada legislatura con Prohens a fijarlo así en la LEIB, aunque a la postre los otros extremistas –los de Més– le obligaran a rectificar.
En Balears hay plazas sobradas, incluso con mayor presencia de la lengua castellana, especialmente en la enseñanza concertada. A lo sumo, la Conselleria debería comprobar si esta oferta es suficiente en la escuela pública y adoptar las medidas correctoras necesarias.
Reitero, una vez más, que no me parece razonable que se dé a la lengua oficial del Estado, en algunos centros, el mismo trato que a una lengua extranjera.
Pero una cosa es garantizar que haya plazas suficientes para alumnos de familias que quieren más horas en castellano, y otra muy distinta es un ‘café para todos', o la creación de líneas escolares segregadas en las que los alumnos de una vía solo estudien en la otra lengua la correspondiente asignatura.
Eso es un disparate, contrario al Estatut, contrario a la Llei de Normalització Lingüística y contrario a la Llei Educativa de les Illes Balears.