Acuerdo no exento de riesgos

El pasado jueves saltó la espoleta del conflicto político, mediático y social o urbano. El anuncio del acuerdo entre el Psoe y Junts de cara a la posible investidura de Sánchez como Presidente del país, ha sacado al escenario de la vida política a defensores y detractores del mencionado acuerdo.
Que dicho acuerdo iba a resultar polémico, era de hecho algo sobradamente conocido y esperado, ahora bien como todo, tiene sus bondades y sus aristas que hacen de ese documento un punto de partida que en ningún caso está exento de riesgos. A poco que se navegue en el documento firmado por ambos partidos políticos, se pueden observar elementos positivos y otros francamente negativos.
Es importante señalar que este documento supone un cambio radical, de momento, en el posicionamiento mantenido hasta la fecha por Junts en cuanto al camino a seguir para la obtención de sus objetivos. Si bien siguen manteniendo la validez y legitimidad tanto del referéndum, como de la declaración unilateral de independencia de octubre de 2017; por primera vez hacen una propuesta, que a mí entender sigue siendo irrealizable, con la Constitución Española como base. La propuesta pasa por la celebración de un referéndum de autodeterminación, al amparo del artículo 92 de la Constitución.
Por su parte el Partido Socialista, niega la validez del referéndum y la declaración de 2017 y propone un amplio desarrollo del Estatut de 2006. Pero resulta llamativo que ninguno de los dos partidos haga referencia al artículo 2 de la Constitución, en el que se establece claramente en precepto de «indisolubilidad» de España, que imposibilitaría tal referéndum sin la previa modificación de nuestra Carta Magna.
En otro de los puntos, aparece el polémico concepto «lawfare», que a pesar de la ambigüedad intencionada de su inclusión en el acuerdo, es precisamente esa ambigüedad la que lo convierte en un problema de partida. El concepto según el documento, hace referencia a la posible judicialización de la política, pero a sensu contrario también podría deducirse que pudiera significar la intromisión de la política en la justicia. Que se supedite la aplicación de una posible ley de amnistía, a decisiones que puedan tomar determinadas comisiones parlamentarias destinadas a revisar decisiones judiciales, ya resulta una aberración en sí mismo.
La simple deducción de que por aplicación del ambiguo concepto «lawfare» y por resoluciones que puedan tomar esas comisiones parlamentarias destinadas a revisar decisiones judiciales, deba el poder legislativo afrontar la modificación de determinadas leyes, hace que se pueda entender el sometimiento de las normas al puro interés político partidista. Ello significaría sin duda una clara intromisión de uno de los poderes del Estado, en las funciones de otro.
Es precisamente este peligro de la posible vulneración de la separación de poderes, lo que ha supuesto el rechazo masivo de los jueces, incluyendo los considerados progresistas, a los que se ha sumado la Unión Progresista de Fiscales. La falta de concreción sobre a quién acabara beneficiando una próxima ley de amnistía, dejándolo a expensas de futuras decisiones de comisiones parlamentarias, hacen difícilmente aceptable la inclusión del polémico concepto.
En buena parte de los puntos, lo único que se pacta claramente es el desacuerdo entre las dos partes, dejándose en manos de futuras negociaciones, la resolución de tan clamorosas discrepancias. Por todo ello y teniendo muy claro que tanto este acuerdo, como el resto de los alcanzados con los otros partidos que apoyarán la investidura de Pedro Sánchez, servirá para que se repita de nuevo un Gobierno del Estado del Psoe + Sumar, resulta más dudoso que ello vaya a garantizar un legislatura tranquila.
Lejos de la insistencia del Partido Socialista en que el acuerdo con Junts es de legislatura y ante el reconocimiento explicito de claras discrepancias, en cuanto a temas que los independentistas consideran cruciales, parece cuando menos complicado que esté asegurado el apoyo para los próximos cuatro años.
Ciertamente resulta deseable que todo tipo de conflictos políticos puedan resolverse en el marco de la propia política, teniendo claro siempre que cualquier decisión que se tome debe acatar el marco legal, sobre todo el de nuestra Constitución Española y, para ello está el máximo tribunal que ha de velar por el estricto cumplimiento de lo que se recoge en la misma.
A la vista de lo conocido hasta la fecha, es fácil augurar una legislatura de permanente negociación y por lo tanto no exenta de complicaciones y riesgos, por más que algunos se empeñen en negarlo. Lo que es seguro, es que la resolución jamás puede pasar por algaradas callejera de cualquier tipo, pero mucho menos por las protagonizadas últimamente por grupos de neofascistas alentados descaradamente por Vox.