Da la sensación de que a algunos les cuesta asimilar determinados conceptos. Según la Constitución Española, nuestro país es una «monarquía parlamentaria», con todo lo que ello significa; pero parece que gran parte de la derecha política no acaba de comprender el significado de esas dos palabras. No debería ser tan complicado entender que a partir de ellas, debe deducirse que quien consiga la mayoría de apoyos, es decir votos, en el Congreso de Diputados, será quien tenga la posibilidad de encabezar el Gobierno de la Nación.
Esta semana ha sido el más claro ejemplo de la negativa torticera de los socios PP y Vox, a la hora de aceptar sin mayor problema la mayoría parlamentaria a la que me acabo de referir. El pasado miércoles y jueves tuvo lugar el debate de investidura del candidato Pedro Sánchez. Se trataba del segundo intento de investir a un candidato a Presidente del Gobierno, después del fallido intento de Núñez Feijóo.
Desde el mismo momento en que el Jefe del Estado designo a Sánchez para que intentara aquello en lo que el candidato del PP y primera opción, había fracasado; empezaron a aparecer críticas a cual más absurda y ridícula, por parte de los responsables políticos de la derecha y la extrema derecha. Mentiras tales como que quien no había ganado las elecciones, quedando en segundo lugar, no tenía derecho a ser Presidente.
Conforme se fueron conociendo las negociaciones con los diferentes partidos políticos que podían dar su apoyo a la candidatura progresista de Sánchez, las falsedades fueron en constante aumento. El clímax de la crispación se alcanzo al conocerse los términos del acuerdo alcanzado entre PSOE y Junts. Y es aquí donde creo conveniente abrir un paréntesis en todo lo ocurrido a lo largo de esta semana.
En el documento de acuerdo entre ambos partidos, aparecían dos cuestiones que en pura lógica podían resultar polémicos, como efectivamente así fue; se trata de la petición de un referéndum de autodeterminación y la inclusión en el documento en cuestión del concepto «lawfare» o guerra judicial. Y sin duda ha sido esto último lo que mayor polémica ha suscitado, provocando la protesta pública de la gran mayoría de asociaciones judiciales, fiscales y de la abogacía.
La inclusión del mencionado concepto, ligado a la propuesta de creación de comisiones parlamentarias, con la misión de revisar determinadas sentencias judiciales, supone la intromisión de la política en las funciones del poder judicial, lo que efectivamente justifica el enfado de las asociaciones antes mencionadas. Ahora bien, esta misma semana también se ha conocido el contenido de una posible futura ley de amnistía y, a raíz de su registro en el Congreso de Diputados para su debate y tramitación, se la ha estado valorando y juzgando al mismo nivel y con los mismos argumentos que el acuerdo Psoe-Junts.
Reseñar de entrada que en el texto de la ley de amnistía, no figura ni una sola referencia al concepto de «lawfare», ni a esas posibles comisiones parlamentarias. Y por lo tanto, no es de recibo analizar del mismo modo el documento de acuerdo y la propuesta de ley de amnistía. Pero eso está muy lejos de lo que está sucediendo. Se dice de la propuesta de ley, que es inconstitucional, que atenta contra el estado de derecho, que pone en peligro la democracia y que alienta el independentismo.
Se afirma por parte de los socios PP y Vox, ahora ya en la oposición, que la investidura de Sánchez equivale a un golpe de estado, que la propuesta de ley de amnistía esta fuera de la ley y que fuera de la ley no hay democracia. También dicen estos dos partidos y una parte de los jueces, ya no todos, que esta ley es claramente inconstitucional y ello antes de que se haya iniciado su trámite en el Congreso; entre los que afirman tal cosa está nuestro juez decano de Eivissa y Formentera.
Si negociar con independentistas se considera golpe de estado, cómo habría que definir lo de gobernar con un partido neofascista que añora la dictadura franquista. Y si fuera de la ley no hay democracia, qué se puede decir de aquellos que se niegan a aceptar el resultado de unas elecciones democráticas.
También se tacha ahora de partidista al Tribunal Constitucional y algunos jueces se permiten dudar de su imparcialidad y de su correcto criterio jurídico. No recuerdo a ninguno de esos jueces que ahora ponen en duda las decisiones que pueda tomar el Máximo Tribunal, que expresaran ninguna queja cuando ese mismo tribunal tenía mayoría conservadora.
Lo cierto es que nuestro ordenamiento es el que es y que en el mismo están claramente definidas las competencias de cada uno. Así que si alguien cree ver en la ley alguna vulneración de algún precepto constitucional, lo tiene mucho más fácil que hacer absurdas proclamas públicas o montar algaradas callejeras, bastará presentar el correspondiente recurso ante el Tribunal Constitucional, ya que es quien debe decidir la legalidad o no de una ley. El poder judicial está para aplicar las leyes que aprueba el poder legislativo. Esto es democracia.